Si bien la entrada en vigor de la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados permitirá reducir los riesgos para la información que proporcionan los ciudadanos, involucrará obligaciones técnicas y normativas que, en su momento, implicarán partidas presupuestales, sostuvo Areli Cano, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Asimismo, señala que aun cuando corre el emplazamiento para que los congresos estatales homogeneicen sus legislaciones con la disposición general, el Inai ha elaborado un proyecto de ley estatal con el propósito de apoyar los esfuerzos locales e inhibir, en lo posible, diferencias con la norma general. Se pretende impedir que cuando venza el plazo, el 27 de julio, el Inai se vea obligado a interponer recursos de inconstitucionalidad, como ocurrió con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acotó Cano, aunque, de darse el caso, no se excluye esa posibilidad.

Entes federales operan las mayores bases de datos

Por otro lado, la comisionada sostuvo que los 18 meses para que los sujetos obligados en el plano federal cumplan las nuevas disposiciones deberán ser utilizados para la adecuación organizativa, la adaptación tecnológica y la adopción de esquemas que favorezcan la protección de la información con la que operan. Recordó que justamente son algunos entes federales los que manipulan las mayores bases de datos en el país, como los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Educación Pública o, entre los órganos autónomos, el Instituto Nacional Electoral.

En entrevista, Cano aseveró que los próximos meses serán de intensos cambios y retos para adecuar la operación de los sujetos obligados a fin de brindar mayor protección a las bases de datos y para que el Inai verifique su cumplimiento. De entrada, deberán contar con avisos de privacidad y un responsable de garantizar dicha protección, así como diseñar medidas de seguridad, como política de protección de datos.

Además, los sujetos federales obligados también tienen que tomar medidas de análisis de riesgos de datos personales y diseñar medidas de carácter administrativo y técnico para evitar cualquier amenaza de vulnerabilidad a sus bases de datos.

Sobre las implicaciones presupuestales que podrían desprenderse de la nueva ley, Cano señaló que en 2017 es posible sortearlas sin mayores recursos, tanto de los sujetos obligados como del propio Inai, responsable de la verificación y cumplimiento de la ley, porque en estos meses se deberá trabajar en adecuaciones normativas –en el caso del instituto, de emisión de lineamientos– y organizativas. Sin embargo, admitió que el próximo año se deberán revisar las partidas presupuestales, al menos en lo que respecta al Inai, para hacer frente a las nuevas tareas.

De entrada esto implicará que los ciudadanos conozcan puntualmente para qué se pretende utilizar sus datos personales, pero también se les garanticen sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), al entregar la información a los entes federales.

Cano señaló que la elaboración de una propuesta de ley estatal por el Inai pretende contribuir a que las entidades tengan elementos para avanzar en la aprobación de sus leyes locales y se realizó sobre la base del respeto a la autonomía de sus congresos. Refirió que en coordinación con los órganos garantes estatales se han realizado foros y actividades para conocer los alcances de la nueva ley general en la materia.