Ni la iglesia ni los grupos conservadores pueden decidir sobre cuáles son los derechos de las mujeres. En específico, la interrupción legal del embarazo es uno ya establecido en la ley, que al criminalizarlo y estigmatizarlo no disminuye el número de abortos, sólo abona a la confusión para el acceso a éste, dijo en entrevista Sofía Alessio, coordinadora de la Red de Jóvenes REDefine, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Araceli González, de Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, indicó que los grupos religiosos se guían por sus propias creencias y normas, pero debe prevalecer el respeto y el ejercicio de los derechos humanos más allá de su opinión.

La propuesta de reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia presentada en la Cámara de Diputados, que impulsaba garantizar en los estados y municipios el cumplimiento de la norma oficial mexicana 046, que establece la interrupción legal del embarazo en caso de violación, dejó ver la resistencia de grupos conservadores que incluso mandaron correos a los diputados para exigirles rechazar este dictamen.

El jueves pasado, el obispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos, responsable de la Dimensión Episcopal de Vida, publicó una carta, a propósito de la celebración religiosa del Día de la Vida, dirigida a arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos, padres de familia y a todos los hombres de buena voluntad, en la que llama a proteger, cuidar y preservar la vida desde la fecundación.

Ante este contexto, Alessio consideró que estas posturas sólo apremian a la estigmatización del aborto. Colaboran a crear un clima de confusión y no hacen más que juzgar y orillar a las mujeres a arriesgarse con procedimientos inseguros. Indicó que no por estas opiniones disminuye el número de embarazos interrumpidos.