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Auditor afirma que compras de dos universidades propician desvíos

Diputados y la ASF revisarán cómo gasta la administración pública
 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de marzo de 2017, p. 14

La comisión especial de diputados encargada de dar seguimiento a las compras que emprende el gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se integraron como grupo de trabajo para revisar cómo las instancias de la administración pública hacen uso del erario.

La ASF informó que en el caso de las universidades públicas que utilizan el régimen de contratación de amparo, contribuyen a encarecer los costos y a abrir espacios para prácticas irregulares.

Tal es el caso de las universidades de Morelos y del estado de México, donde se ha reiterado una situación de actividades que permiten el desvío de recursos a través de adquisición de equipos y materiales de apoyo, de asesoría especializada en arrendamiento y estrategias de información.

Mientras la compra de medicamentos en el IMSS y el Issste, en los últimos 10 años, 98 por ciento de las promociones de responsabilidades administrativas remitidas a la SFP se han desechado.

En la primera reunión entre ambos grupos, el auditor especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control de la ASF, Fernando Cervantes Flores, pidió a los diputados analizar el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para imponer candados que eviten corrupción.

“Las contrataciones de amparo, a las que hace referencia el artículo primero de la citada norma, la ASF determinó que constituyen un área en la que se registra recurrencia de prácticas que propician el desvío de recursos públicos.

Existen elementos en este precepto que son susceptibles de interpretación de los servidores públicos responsables de aplicar la norma, por lo que se propician actos irregulares.

El ente fiscalizador ha detectado –admitió el funcionario– que las universidades contratadas bajo este esquema, que recurrieron a mecanismos de subcontratación mayores a 49 por ciento, contribuyeron a encarecer los costos y abrir espacios para prácticas irregulares. En la mayoría de los casos, agregó, no existe evidencia de los bienes y servicios que adquirieron, generando desviación de recursos.