n programa de revisión hospitalaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –para identificar posibles riesgos y elaborar planes de corrección– emprendido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde 2013 encontró anomalías en 124 establecimientos: la misma cantidad que revisó. Había cucarachas, moho en el techo, manchas y hongos en el piso. Las batas que usaban las mamás tenían sangre ( El País,16/3/17). En ese entonces, Mikel Arriola fungía de titular de la comisión. Hoy dirige el IMSS.

Diseñado como un intercambio de servicios en infraestructura médica subutilizada, a fin de referir pacientes de unidades que estén rebasadas a las que tengan equipo disponible, el convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud (Ssa), el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), para que los mexicanos reciban servicios en cualquier unidad médica sin importar si tienen o no seguridad social, signado el 3 de marzo, porta un alcance más que limitado.

Según el subsecretario de Integración y Desarrollo, José Meljem, el convenio aplicará apenas en mil 66 unidades médicas y solamente donde haga falta. Por tanto, aclaró: no implica afectación de derechos laborales ni privatización. Únicamente se busca mejorar la calidad de la atención de los pacientes a un costo menor, remachó.

Del universo de aplicación, 667 unidades (federales y estatales) corresponden a la Ssa. Justo el subsector que ha enfrentado los problemas, protestas y paros más severos por insuficiencia de personal e insumos durante los pasados 11 meses: Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Colima, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, entre muchos otros.

El universo se completa con 247 unidades del IMSS, 152 del Issste y siete hospitales de alta especialidad. A marzo de 2017, asegura Meljem, se han identificado –para ser incluidas en los convenios de intercambio de servicios– 301 intervenciones vinculadas a servicios auxiliares de diagnóstico, así como 65 de 15 especialidades médicas y 349 relacionadas con 21 especialidades quirúrgicas. Sobre ellas ya existen tarifas acordadas interinstitucionalmente. Y la eficacia del convenio, estima, ya se comprobó en las ocho entidades donde empezó a operar desde 2012: Baja California Sur, Durango, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

Resulta llamativo que los pronunciamientos descalificatorios de los contenidos del convenio que han formulado las centrales sindicales del sector destaquen su franca inviabilidad por la plétora de carencias: no es viable para el Seguro Social, porque no hay espacios ni personal disponible –Manuel Vallejo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)–; se deben considerar los rezagos, el delicado desabasto de medicamentos e insumos, la infraestructura insuficiente, equipamiento limitado y obsoleto –Marco Antonio García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA)–; la Ssa se encuentra con sentidas y palpables limitaciones, notable desabasto en medicinas y prácticamente en abandono en proveer los insumos, equipo médico, falta de mantenimiento de la infraestructura –Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)–. Mientras el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal se solidariza con la FSTSE.

Aunque se ocupen de las condiciones de suficiencia del personal capacitado y motivado para prestar debidamente el servicio sólo en términos de las consecuencias de esta medida, en las actuales circunstancias del instituto, donde hay déficit de médicos, enfermeras e insumos, es una sobrecarga de trabajo (Vallejo, SNTSS); se debe tener presente que en la Ssa existen requerimientos de personal médico que no ha sido satisfecha a partir del incremento exponencial de la demanda de servicios y subsiste elevado número de trabajadores al margen de las disposiciones legales (García Ayala, SNTSA); los dirigentes de los sindicatos enfrentan los reclamos de los trabajadores, que a su vez sufren el descontento de la población (Ayala, FTSE).

Coincidiendo con la firma del repudiado convenio, la Ssa estimó oportuno inaugurar el Observatorio Nacional de Inequidades en Salud: entre los mexicanos más pobres son más frecuentes los embarazos adolescentes, las complicaciones por la diabetes y la falta de atención por barreras en los servicios. Su objetivo es medir el impacto de las políticas y orientarlas a reducir las brechas entre las poblaciones con diferentes niveles de ingreso.

Para el subsecretario Meljem, la cobertura no ha mejorado las condiciones de salud. Entre 2000 y 2012 aumentó 32 por ciento la cantidad de enfermos, pero no se atendieron por barreras en el acceso. ¿Carencias? ¿Inequidad? Como también gusta comunicar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2014 y 2015 la carencia por acceso a la seguridad social presentó la mayor disminución. Pese a esta reducción, dicho acceso sigue siendo la carencia social con mayor prevalencia. Es decir: bajó, pero ¡prevalece! Justo la evolución que sólo Enrique Peña Nieto aprecia, exactamente ahí donde campea el retroceso. Y, ¡claro!, según el Coneval, la carencia por acceso a los servicios de salud mostró la mayor disminución entre 2010 y 2015. ¡Vaya medición! Pero para avances, nada como la estrategia de impulso a los proyectos de asociación público privada que considera otros siete hospitales: cuatro del IMSS y tres del Issste, ordenados al sector salud por José Antonio Meade (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicado 39, 10/3/17).

Y aunque Gabriel O’Shea, responsable del Seguro Popular, reconoce que el crecimiento de la infraestructura no es acorde con el incremento de afiliados, estima que no se trata de seguir construyendo grandes hospitales –¿como los que ordena Meade?–, sino de avanzar sobre el tema de la universalidad en el intercambio de servicios. ¿Carencias e inequidades en salud?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco