El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no funciona como debería por la falta de compromiso de las autoridades para evitar que las amenazas se concreten, pero también por la desconfianza de los comunicadores y activistas en las instituciones del gobierno.

Así lo afirmaron integrantes y ex integrantes del consejo consultivo del mecanismo, quienes señalaron que la falta de presupuesto suficiente es otra muestra del poco interés del gobierno en la protección de los gremios afectados por la violencia.

Pilar Tavera, directora de la organización Propuesta Cívica e integrante del mecanismo, indicó que uno de los principales obstáculos es la falta de cooperación de los organismos del Estado para intervenir de forma preventiva cuando una persona es amenazada.

La Procuraduría General de la República, por ejemplo, “jamás ha dicho ‘voy a atraer el caso’ después de saber de una amenaza. No hay compromiso de ellos, en tanto no ejecutan sus atribuciones de ley”, enfatizó.

La mejor forma de proteger a un defensor o un periodista sería disuadir al agresor metiéndolo a la cárcel, pero eso no existe, lamentó.

Otro punto fundamental es el de los recursos. En una nota publicada ayer en este diario, se consignó que al mecanismo de protección no se le había asignado un solo peso para 2017, lo cual impide ampliar su alcance ante situaciones de riesgo.

Al respecto, Tavera lamentó que aún siendo parte del organismo, desconocía que no hay presupuesto para lo básico. No teníamos la información de la gravedad del escenario y tampoco del significado profundo de esto. Si no le das recursos a la única institución que protege defensores y periodistas, ¿qué significa eso?.

Por su parte, Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia –quien durante cuatro años participó en el consejo consultivo y la Junta de Gobierno del Mecanismo–, consideró que pese a los obstáculos, también ha habido avances en la consolidación de este esquema.

Entre ellos, dice, se cuenta la formación de gente capacitada en evaluación de riesgos, el establecimiento de una unidad que analiza el funcionamiento general de medidas como botones de pánico y asignación de escoltas, y el acercamiento proactivo con posibles víctimas, mediante un seguimiento de casos en la prensa.

El mecanismo ya llegó a un nivel razonable de funcionamiento, pero la crisis de seguridad y la debilidad de las instituciones son un problema de fondo que no podemos resolver nosotros, manifestó el activista.

Si hay un elemento que obstruye la labor del mecanismo, enfatizó, es la impunidad en la que queda la gran mayoría de las agresiones contra periodistas, porque de esa manera las víctimas no sienten confianza en las instituciones y no denuncian sus casos. Cuando sí lo hacen y reciben ayuda, ésta debe mantenerse por un tiempo indefinido, porque los responsables de las intimidaciones casi nunca son llevados ante la justicia.