sí como Felipe Calderón Hinojosa sacó de los cuarteles a las fuerzas armadas para desarrollar una desastrosa guerra contra el narcotráfico, Enrique Peña Nieto ha realizado un trastocamiento peligroso al promover, o permitir, que sus actuales subordinados militares traspasen la barrera histórica de la apoliticidad, ya antes en discursos y declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la noche de este martes mediante una conferencia de prensa que en los hechos ha servido para confrontar al principal (pre)candidato presidencial opositor y para sembrar dudas respecto a la viabilidad institucional de éste en caso de que triunfe en los comicios de 2018.

Colocar bajo la mira a AMLO, en un contexto nacional tan cargado de violencia declarativa, política y física, es de alguna manera tomar partido por las posiciones del PAN calderonista y el PRI peñista, los aspirantes a una alianza que, con candidato de un partido u otro, intenten frenar el ascenso de López Obrador. La confirmación de ese ánimo la ha dado de inmediato la propia Margarita Zavala, precandidata en descenso, quien tuiteó bélicamente así: “Mi reconocimiento y respaldo a la @SEDENAmx ante las acusaciones y descalificaciones sin fundamento de López Obrador”.

La ofrecida por el general a cargo de los derechos humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional fue una conferencia de prensa insólita, con señalamientos en general, sin destinatario expreso, referido todo a actores sociales que han proferido lo que esa instancia militar considera ofensas, calumnias, difamaciones. El discurso, el tono y la actitud, correspondientes al ánimo de injuria grave que esas instancias castrenses consideran haber recibido.

Una larga exposición de datos, cifras, estadísticas y consideraciones relacionadas con los esfuerzos de la Sedena para que todos sus integrantes cumplan rigurosamente con la ley, eliminen la tortura y respeten los derechos humanos. Una especie de recargado informe de labores para enmarcar el rechazo profundo de la Sedena a las acusaciones en su contra y la exhortación a que vayan a las agencias del Ministerio Público quienes tengan algo que reclamar respecto de la actuación de esas fuerzas armadas (enzarzado sendero procesal antes vigorosamente propuesto por el secretario de Gobernación y el dirigente nacional del PRI, además de conspicuos personajes del panismo aliado en el rodaje de la película de temporada, La temprana cacería del peje).

El general José Carlos Beltrán Benítez no pronunció una sola vez los nombres y apellidos del inequívoco destinatario de los enojos de la superioridad. Pero la gran mayoría de los medios de comunicación se encargaron de adjuntarlos como si alguna voz de poder así lo hubiera sugerido. Apenas había terminado la conferencia del funcionario de la Sedena y, literalmente en cuestión de segundos, la televisora por cable que veía este tecleador astillado ya estaba pronunciando el nombre del nuevo innombrable: Andrés Manuel López Obrador, con una selección de videos, obviamente ya preparados, en los que el tabasqueño hablaba de las fuerzas armadas, en el contexto de un acto accidentado de su visita a Nueva York; de Ayotzinapa-Iguala; de la masacre cometida contra civiles en Tepic, Nayarit, y referencias similares.

La reacción de la Sedena (ha de suponerse que también, o sobre todo, de Los Pinos) es desproporcionada e infundada. Diversas instancias internacionales (las más prestigiadas e influyentes) han insistido en el terrible panorama de los derechos humanos en México, con la participación delictiva de cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno y, de manera destacada, las fuerzas armadas, específicamente soldados y marinos. Ayer mismo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Luis Raúl González Pérez, confirmó la persistencia violatoria de esos derechos por los militares. Y, aun cuando en términos de estadísticas oficiales ha bajado el porcentaje de denuncias sobre ese tipo de hechos, lo preocupante, según se desprende de lo dicho por González Pérez, es que se acepten las recomendaciones de la CNDH, pero no se cumplen.

El tema que mayor enojo causa en las alturas civiles y militares es el de su responsabilidad en los hechos sucedidos en Iguala y sus alrededores. En esas cúpulas prevén que el juicio histórico será terriblemente adverso a quienes han ocupado cargos de mando relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. Pero no tienen forma de eludir lo que, especialmente, ha planteado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó con gran detalle todo lo relacionado con los 43: hay suficientes contradicciones, manipulaciones y omisiones operativas que apuntan a un interés absolutamente superior para impedir que se conozca la realidad de lo sucedido en aquella noche y madrugada de Iguala.

En particular, las fuerzas armadas mexicanas impidieron que varios de los militares que conocieron personalmente de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 declararan con libertad y ante preguntas de los expertos independientes, que en todo actuaron por acuerdo soberano del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posturas y declaraciones oficiales hay muchas, pero hasta el momento resulta inexplicable que el aparato de inteligencia y de acción del Ejército Mexicano no hubiera atendido adecuadamente, e impedido, el ataque violento, que duró horas, en calles concurridas de una ciudad media de Guerrero, contra decenas de estudiantes de una combativa normal e incluso contra adolescentes deportistas que también viajaban en autobús. Ayer, directivos de la CIDH declararon que siguen los obstáculos para continuar con las indagaciones sobre Iguala conforme a las líneas trazadas por el GIEI. Además, se insistió en que es absolutamente improcedente insistir en la verdad histórica proclamada por Jesús Murillo Karam en nombre del Estado mexicano. Si esa no es la verdad, entonces, ¿cuál? ¡Hasta mañana!

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