El declive de las vivienderas
ay políticas públicas que son devastadoras para la actividad económica de un país. Una de ellas, en materia de construcción de vivienda, es la que desarrolló con gran creatividad Enrique Peña Nieto de la mano de Luis Videgaray y de Jorge Carlos Ramírez Marín al inicio de este sexenio.
Hasta finales del sexenio pasado las reglas en materia de construcción de vivienda eran laxas, pero efectivas. Los constructores podían comprar reservas territoriales en aquellos lugares donde los estados y municipios permitieran el desarrollo urbano y, en conjunto autoridades y empresarios veían la forma de llevar a cabo la urbanización con la construcción de vialidades y de servicios de agua, telecomunicaciones, luz y drenaje. En forma paralela, los créditos para la construcción de vivienda de parte de la banca de desarrollo, del Infonavit y de la banca privada fluían con agilidad y el boom de la vivienda prácticamente se mantuvo hasta el último año de gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, Peña Nieto, al llegar al poder, mandó parar todo tipo de financiamiento y de desarrollo de nuevos centros urbanos, con el objetivo de estudiar y regular el crecimiento de las ciudades y de tratar de acercar la vivienda a los centros de trabajo mediante un nuevo plan de desarrollo urbano.
Sin duda que las intenciones eran buenas; sin embargo, al parar una locomotora que avanzaba a cien kilómetros por hora en unos cuantos segundos, lo que logró el gobierno fue descarrilar el tren de la construcción.
El resultado fue la quiebra de tres de las grandes vivienderas que cotizan en la bolsa, Homex, Urbi y Sare, y que decenas de pequeñas y medianas constructoras cerraran sus puertas por no poder hacer frente a sus compromisos, ante la falta de financiamiento y por contar con reservas territoriales que perdieron su valor.
El círculo virtuoso de crecimiento en la vivienda de la noche a la mañana se convirtió en su opuesto, pues las constructoras no conseguían financiamiento para continuar con las obras y, por lo tanto, no les pagaron a sus trabajadores ni a sus proveedores, con lo que el nuevo círculo vicioso se tradujo en una abrupta caída de la producción y del empleo, proceso que no se ha logrado resolver hasta la fecha.
