Las menores Sandra y Sarahí, de 12 y 17 años de edad, respectivamente, originarias de San Pablo del Monte, Tlaxcala, fueron raptadas en octubre y diciembre de 2016. Tras varias horas de desaparición fueron localizadas por sus familiares; ambas fueron sometidas a violencia física y sexual.

La primera se encontraba sedada muy cerca de un motel; la segunda, abandonada en la calles de una colonia popular en horas de la madrugada; ambas en los límites entre Puebla y Tlaxcala, uno de los principales corredores de captación, acción y tránsito de trata de personas con fines de explotación sexual en el país.

En entrevista, Elia Corona y Yolanda Salas, madres de las menores, narran las largas horas de ‘‘terrible angustia’’ vividas por sus familias ante la ausencia de sus hijas, además de la inacción, incompetencia y hasta ‘‘complicidad’’ de los elementos policiacos. A lo anterior se suman la revictimización provocada por el sistema de investigación de justicia y las ‘‘amenazas’’ recibidas por parte de agentes del Ministerio Público para impedirles levantar la denuncia.

El caso no fue reportado al SNSP

Es decir, las menores raptadas y violentadas física y sexualmente ni siquiera forman parte de las estadísticas por estos delitos en el país. No hay nada, sólo dos actas circunstanciadas que no son reportadas al Sistema Nacional de Seguridad (SNS), donde las autoridades estatales no están obligadas a investigar.

Sandra, la menor de 12 años, salió de su casa el pasado 7 de diciembre a las 6:30 horas rumbo a su secundaria. El 14 de octubre de 2016, Sarahí había salido de la preparatoria y fue vista por un tío a unas cuadras de su casa a las 20 horas. Ninguna llegó a su destino; ambas, provenientes de familias de muy escasos recursos económicos y habitantes de colonias populares, fueron subidas a golpes a un automóvil por un grupo de hombres.

Las madres de las menores, en cuyo testimonio existen múltiples semejanzas, narran que casi de inmediato alertaron a familiares y amigos, hicieron una rápida difusión de la desaparición de sus hijas a través de las redes sociales, identificaron a personas que las habían visto antes del plagio, y recorrieron una y otra vez los posibles trayectos que habrían tomado.

Incluso, ante la negativa de policías pidieron los videos de seguridad de los comercios ubicados en las posibles rutas. Eso fue muy probablemente lo que impidió que los agresores pudieran sacarlas del estado de Tlaxcala, dice Miriam Pascual, de la Red Retoño, que ahora asesora a las familias de las menores.

Sarahí, la joven de 17 años, permaneció desaparecida más de seis horas; fue localizada en la madrugada tras una llamada telefónica que pudo hacer tras ser abandonada. ‘‘La encontramos toda ida; su ropa y ella olían como a cloroformo, estaba muy golpeada mi niña; es terrible lo que le hicieron’’, dice su madre, Yolanda Salas.

A su vez, de 12 años, la niña Sandra estuvo desaparecida más de cuatro horas; fue localizada cuando pudo pedir auxilio a unas personas que pasaban por la calle, cerca de un motel de la colonia Villa Frontera, donde ella identificó haber sido llevada por los agresores, dice su madre, Elia Corona, quien revela que prácticamente fueron amenazados para no levantar la denuncia. ‘‘Si se contradicen en cualquier cosa son ustedes las que van a ir a la cárcel’’, dijeron a los familiares en la agencia del Ministerio Público.

A cinco y tres meses de los hechos, respectivamente, ninguna de las dos familias de las víctimas ha recibido notificación de las autoridades, además de que fueron ‘‘extraviados’’ indicios importantes para la investigación, como los videos y pruebas de ADN de los agresores, entre muchas otras irregularidades.