ilagro Sala, activista social y diputada electa del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), se encuentra condenada a tres años de prisión por el cargo de liderar, en 2009, una protesta durante la cual fue agredido Gerardo Morales, entonces senador y hoy gobernador de Jujuy, provincia (estado) del norte de Argentina, ubicada mil 500 kilómetros al norte de Buenos Aires y de economía predominantemente rural.
Además se le acusa de liderar una asociación ilícita, aunque la agrupación que dirige, Tupac Amaru, contó con el reconocimiento del Estado argentino hasta la llegada al poder del actual gobierno de ultraderecha.
En un hecho que transparenta la naturaleza política de la persecución en su contra, Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, siete años después de su presunto crimen, pero apenas un mes tras la llegada al poder provincial del gobernador Morales, aliado del gobierno nacional que asumió el mismo 10 de diciembre de 2015.
Por este entramado de intereses y la inexistencia de pruebas en su contra se ha emitido una exigencia de liberación inmediata desde organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de Estados Americanos, además de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos.
A la cadena de atropellos contra la dirigente social que se inicia con la aberrante aplicación de la justicia que supone su aprehensión y condena, deben añadirse las inaceptables condiciones de reclusión que padece en la cárcel de Alto Comedero, violatorias de los más elementales derechos humanos.
Cabe recordar que a principios de mes se dio a conocer un intento de suicidio de Sala, motivado por el avasallamiento del montaje judicial, los malos tratos carcelarios –que contravienen incluso el reglamento de la prisión– y el hostigamiento que las autoridades han orquestado en su contra dentro del penal.
El inocultable tufo a venganza política, el uso desembozado de la fuerza pública para la ejecución de reyertas personales, la invasión de poderes mediante el recurso de judicializar las diferencias políticas, las violaciones abiertas al debido proceso y, en suma, el carácter ilegal de las acciones emprendidas contra Milagro Sala por el gobierno provincial de Jujuy, con pleno conocimiento del poder federal, sustenta la demanda de la inmediata liberación de la activista y el inicio impostergable de un procedimiento de reparación de daños y el deslinde de responsabilidades por el uso faccioso de las instancias judiciales.
