un mes de haberse presentado dos órdenes ejecutivas de Donald Trump, sobre la frontera una y la seguridad interior otra, la maquinaria burocrática requiere de tres condiciones para que pueda ponerlas en marcha: voluntad política, ajustes legales y administrativos y presupuesto.

La voluntad política de incidir en el control migratorio y la disuasión de nuevos flujos es más que evidente. Los nombramientos del general John Kelly en el Departamento de Seguridad Interior (DHS) y de Jeff Sessions como fiscal general (AG) no dejan lugar a dudas de que se va a aplicar todo el rigor de la ley a los ilegales.

Los ajustes administrativos y legales requieren de cierto tiempo y de encontrar la manera más adecuada para llevar a cabo sus objetivos dentro de la ley. De hecho, existe una maquinaria operativa y aceitada para deportar a 350 mil mexicanos por año, pero hay un gran rezago en los juzgados migratorios y los casos de asilo se acumulan diariamente y se prorrogan las audiencias de manera indefinida. Tampoco es posible detener a decenas de miles de migrantes sin tener centros de detención donde acogerlos, procesarlos y deportarlos.

Los ajustes presupuestales requieren de trabajo político y lobby en el congreso. La demanda de incrementar 5 mil patrulleros fronterizos adicionales y 10 mil agentes del ICE es excesiva y ciertamente será recortada. El aumento de jueces migratorios y de oficiales para audiencias de asilo debe ser proporcional al rezago de cerca de medio millón de casos no resueltos en 2016; se estima que se requerirían en 300 y 500 jueces adicionales. El presupuesto para el muro también tendrá que pasar por la criba parlamentaria. Por el momento este es el principal factor que dilata la puesta en marcha de las órdenes ejecutivas.

Un ejemplo de la voluntad política y administrativa puesta en práctica es la reciente declaración del general Kelly sobre la separación de niños migrantes que vienen acompañados de sus padres y su respectiva custodia en organismos del estado.

La sección 11 de la orden ejecutiva sobre la frontera lo dice con claridad: se considera a los niños y adolescentes no acompañados como víctimas del tráfico y trata de personas, por lo que deben quedar en custodia del estado. Por otra parte, la ley dice que los menores acompañados sólo podrán permanecer en centros de detención 21 días, pero esta regla no aplica para los padres, por lo tanto éstos seguirán retenidos y los niños serán entregados a instituciones o personas encargadas y financiadas para acogerlos.

Según palabras del general Kelly: Tenemos mucha experiencia en lo que tiene que ver con los menores no acompañados, colocándolos en hogares especializados o en familias receptoras. Lo que ciertamente parece ser una película de terror.

De lo que se trata, según Kelly, es de “disuadir a la gente de América Central a lanzarse en manos de esas redes tan peligrosas que los llevan a través de México hacia Estados Unidos.

En efecto, 50 por ciento de los menores migrantes provienen de Guatemala; 25 por ciento, de Honduras; 20 por ciento, de El Salvador, y 5 por ciento, de otros países. Se trata de un fenómeno de origen centroamericano y tránsito mexicano. En 2016 fueron detenidos en México cerca de 40 mil menores y la mayoría de ellos, deportados, pero otro tanto llegó a cruzar la frontera a Estados Unidos.

A diferencia de la migración mexicana, que realizó su proceso de reunificación familiar por la vía legal o informal en la década de los noventa, los centroamericanos encontraron resquicios legales en años recientes para forzar los procesos de reunificación familiar.

De acuerdo con la ley, los menores no pueden ser deportados de manera expedita, salvo el caso de los mexicanos, por ser fronterizos, para lo cual existen arreglos ya establecidos entre la migra, los consulados fronterizos y el DIF.

En el caso de los niños centroamericanos se requiere de un proceso judicial para deportarlos, o de una orden de rechazo de solicitud de asilo. Pero para solventar el problema y la llamada crisis humanitaria de los menores migrantes, en 2014 estos eran entregados a sus padres para que los custodiaran y se encargaran económicamente de ellos hasta que el juez determinara su situación. Esto ya no va a suceder, con lo que se rompe en la práctica el proceso tan buscado de reunificación familiar.

Entre octubre y enero llegaron cerca de 54 mil menores a Estados Unidos y se acogieron al proceso de juicio migratorio o asilo. Tan sólo en enero de 2017 fueron retenidos, en México, 2 mil 375 menores.

La propuesta de luchar en Estados Unidos o en las cortes internacionales en contra de la separación de las familias no tiene sustento legal por dos razones. En Estados Unidos no existe la figura legar que permita hablar de unidad familiar, por lo que no puede aducirse este argumento.

Y, finalmente, porque Estados Unidos es uno de los pocos países que no han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. Se aduce la razón de que algunos de los estados se reservan el derecho de dictar sentencias de muerte a menores de edad, asunto definido como constitucional por la Corte Suprema.

Llama la atención que un mes después de haberse emitido las órdenes ejecutivas, el canciller Luis Videgaray caiga en la cuenta de que esto iba a suceder. Al parecer su preocupación por las negociaciones bilaterales en cuanto a comercio no le han permitido dedicar tiempo a revisar con cuidado las dos órdenes ejecutivas que afectan directamente a los mexicanos de a pie.