La Paz, Méx.

Los ex guerrilleros integrantes de Izquierda Democrática Popular (IDP) denunciaron que no se han cumplido a cabalidad las medidas cautelares que aplicó la Secretaría de Gobernación (SG), luego del asesinato de Ricardo Mejía Samaniego, quien formó parte de su organización.

Hermenegildo Torres Cruz, dirigente de IDP, dijo que por años han sido víctimas de la persecución del Estado, luego de participar en el Partido Revolucionario Obrero, Clandestino Unión del Pueblo (Procup), por lo cual estuvieron presos y tras obtener su libertad en 1998 decidieron continuar la lucha social.

Recordó que su compañero fue asesinado el pasado 12 de septiembre frente a su casa en la colonia Lomas de San Sebastián de este municipio, donde opera la IDP, y luego de la denuncia por el homicidio de Ricardo, los visitó Roberto Campa Cifrián, quien a nombre de la Secretaría de Gobernación (SG) ofreció protección a los activistas.

Los integrantes de IDP advirtieron al representante de la SG que el homicidio tenía un móvil vinculado a la lucha social y le recordaron que ellos sabían cómo usar armas de fuego, por lo que pidieron que la SG les permitiera portar armas para defenderse en caso de otra agresión; sin embargo, Campa se opuso.

Dijo que les facilitó tres equipos de localización satelital para que Gobernación pudiera conocer su ubicación y estar pendiente de su seguridad y les ofreció ordenar al secretario general de Gobierno José Manzur, y al alcalde de La Paz, Rolando Castellanos, implementar medidas cautelares, lo cual no se cumplió a cabalidad.

Las medidas cautelares emitidas por la dependencia no han servido. Con el localizador es como si me dijeran ya me van a matar, vengan por mi cadáver, pues ya saben dónde estoy, refirió.

Informó que ya acudieron ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, instancia que recomendó que luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, el órgano podrá intervenir.

Indicó que los dirigentes de IDP están en el proceso para que la PGR investigue el asesinato de Ricardo Mejía. Por mientras, ya no nos han molestado, no hemos recibido más amenazas de muerte, pues nos llegaron mensajes de que no pasaríamos de diciembre de 2016.

Puntualizó que IDP demandó al Estado la aparición con vida de los 40 mil desaparecidos que hay en México y frenar la represión contra la lucha social.