Washington.

La Casa Blanca presentó este viernes una apelación contra el nuevo bloqueo judicial al segundo decreto migratorio del presidente Donald Trump, el cual prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos de viajeros provenientes de seis países de mayoría musulmana.

Dos jueces federales, uno en el estado de Maryland y otro en Hawai, bloquearon la segunda versión del decreto mencionado horas antes de que entrara en vigor, el jueves pasado. La medida impide que ciudadanos de naciones como Libia, Siria, Irán, Somalia, Yemen y Sudán ingresen a territorio estadunidense. Además, suspende el programa de refugiados durante 120 días.

La apelación fue presentada ante el tribunal federal de Greenbelt, en Maryland, donde el juez Theodore Chuang suspendió la mañana del jueves parte del texto, centrándose en la medida de interrupción de entrega de visas para los seis países musulmanes mencionados.

Otro juez federal, en Hawai, también paró la aplicación del decreto, firmado el 6 de marzo. Esa medida fue emitida contra una religión determinada, expresó en su fundamentación el magistrado Derrick Watson.

Trump había afirmado que defendería su orden ejecutiva hasta donde fuera posible, y aseguró: Vamos a llevar este caso tan lejos como sea posible, incluido el camino hasta la Corte Suprema. Vamos a ganar.

En ese contexto, el Departamento de Justicia trasladará temporalmente a jueces de migración a seis centros de detención cerca de la frontera con México, en un intento por poner en vigencia las directivas sobre migración del presidente.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración señaló que dichas transferencias a tres localidades –Texas, Luisiana y Nuevo México– serán el lunes.

El primer decreto sobre medidas fronterizas y migración que firmó Trump en enero pasado establece que debían asignarse jueces inmediatamente a los centros de detención de indocumentados. Muchos juzgadores trabajan en tribunales en los que los sin papeles son puestos en libertad antes de que sus casos sean planteados.

Dicha orden ejecutiva prevé además la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y un aumento de 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y 10 mil del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Antes, un grupo de jueces fue transferido a centros de detención en San Diego y en la ciudad de Adelanto, California. Los casos de arrestados son prioridad, aseveró Mattingly. Siempre lo han sido, pero ahora son nuestra máxima prioridad, añadió.

Mientras, en la ciudad californiana de Los Ángeles organizaciones civiles llamaron a los latinos a parar actividades y participar en una marcha el primero de mayo próximo, Día del Trabajo, como parte de una campaña de resistencia contra las políticas migratorias del Trump.

El primero de mayo estaremos al lado de nuestros hermanos en una muestra de resistencia para resaltar nuestra humanidad común y exigir justicia y equidad para todos, afirmó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.

Cerraremos (Los Ángeles) un día, porque esta nación es más fuerte con todos nosotros trabajando juntos, añadió.

Las organizaciones convocantes llamaron a los angelinos a cerrar sus negocios, no acudir a sus trabajos ni a la escuela y participar, junto con sus familias, en la movilización contra las políticas migratorias de Trump.

Por la noche se informó que Trump acordó incluir nuevos recortes al Medicaid en la iniciativa de ley de seguros de gastos médicos de los republicanos en la Cámara de Representantes.

Además, una laptop con información sensible sobre un plan de evacuación de la Trump Tower fue robada a un agente secreto en Nueva York, informó la CNN.

El Servicio Secreto, que brinda seguridad a Trump y su familia, confirmó el hurto.

La computadora se encontraba en el vehículo del agente, que fue robado. Poco después el automóvil fue hallado, pero la laptop no se encontraba en éste.