Pueblos originarios, diversidad
biocultural, EK-BALAM y la COP 13

Carlos H. Ávila Bello* y David Lauer** *Profesor-investigador en la Universidad Veracruzana **Fotógrafo independiente, activista a favor del maíz nativo, curador Voces del maíz, Chihuahua, México

Antes de finalizar el año pasado, nos reunimos 50 integrantes de pueblos originarios y campesinos del mundo, más académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, en representación de miles de hijos e hijas del maíz y de la sociedad civil, para conocernos y compartir una visión diferente del mundo, enraizada en la diversidad biocultural.

La primera cita fue en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el centro de la Ciudad de México, la segunda en Ek Balam, Yucatán, previo a la Décimo Tercera Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebró en Cancún, para analizar y discutir las implicaciones que la adopción, no sólo del CDB, sino también de los Protocolos de Nagoya y de Cartagena, pudieran tener para los pueblos originarios del mundo y para la humanidad en general. Con ese fin, el grupo elaboró La Declaración de Ek Balam, que se presentó en una conferencia de prensa en la COP 13.

El documento distingue entre la diversidad biológica y la diversidad biocultural. La primera es la totalidad del delicado entramado de seres que sostiene la vida en el planeta, el número total de especies de un lugar dividido en dos componentes: la riqueza (el número de especies en un espacio) y la equidad (cómo están repartidas esas especies en el espacio). Es un complejo dinámico entretejido que incluye la atmósfera, las especies del suelo (hongos, bacterias, lombrices de tierra, artrópodos y otros seres vivos), hierbas, arbustos, árboles, aves y mamíferos. En el subsuelo se encuentran, junto con nutrimentos, ecosistemas tan complejos como selvas o bosques y la actividad en esos espacios puede fijar más carbono de la atmósfera que algunos bosques o selvas.

El debate acerca del valor de la diversidad biológica se inició al final de los años 70’s y principios de los 80’s del siglo XX. Sin embargo, el deterioro estimulado por los sistemas económicos no ha disminuido, más bien ha aumentado hasta llegar a niveles alarmantes. Por otro lado, la diversidad biocultural es un proceso co-evolutivo que los seres humanos hemos establecido con la naturaleza, mismo que dio origen al lenguaje, al conocimiento y las técnicas que se han transmitido de generación en generación. Mutualismo que llevó al descubrimiento, por parte de la mujer, de la agricultura, y a la domesticación de diferentes plantas y animales. Estas relaciones constituyen el patrimonio biocultural (Boege, 2008), es decir, el sentido u orientación con que se hacen las cosas, la vida, la existencia, la forma como se crean espacios geográficos ocupados y transformados en el tiempo por los pueblos originarios para obtener bienes materiales e inmateriales.

Todo ello posibilitó el sedentarismo, estableciendo las bases de la civilización. Queda claro el papel fundamental que han jugado a lo largo del tiempo los pueblos originarios para el bien, desinteresado, de la humanidad. El CDB dice buscar “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada”. Sin embargo, la base de ello tiene un enfoque totalmente incompleto y economicista. Lo anterior quedó muy claro al leer uno de los folletos que anunciaba la COP 13, en el que se destacaban tres aspectos: “la alianza mexicana por la biodiversidad y los negocios; la crucial participación del sector empresarial en la conservación [sic] de la biodiversidad, el desarrollo sustentable y la conservación de especies y ecosistemas [sic] para la prosperidad de la sociedad y los negocios [sic]”.

Realmente lo que buscan muchos gobiernos, en numerosas ocasiones a espaldas de los pueblos originarios y de los ciudadanos, es integrar la diversidad biológica a los negocios. Muy raras veces, las empresas, sobre todo las trasnacionales, han buscado la prosperidad de la sociedad. Las comunidades donde se ha aplicado el Protocolo de Nagoya han logrado obtener de 0.1 a no más de 2.5 por ciento de las ganancias económicas. Otro ejemplo se ha vivido recientemente entre los pueblos originarios Lakota, de Standing Rock, con una empresa que daña sus territorios sagrados, así como el agua de cientos de miles de personas y seres vivos.

En la Ciudad de México y Ek-Balam, se le dio importancia primordial al patrimonio biocultural de los pueblos y de la humanidad desde los ámbitos de la vida, la comunidad, la soberanía alimentaria y la integralidad; se dijo también que los seres humanos no domesticamos al maíz y a muchas otras plantas y animales, las plantas nos han domesticando, pues todas ellas forman parte de la madre tierra; el agua, el viento, los árboles, los animales y todos somos parte de esa colectividad; el maíz es el centro de la vida con un valor sagrado para los pueblos originarios, junto con la biodiversidad, y no son una mercancía. Quienes han conservado, mantenido y mejorado, día a día, hasta la actualidad, todos los maíces y la biodiversidad vinculada al uso de la naturaleza, son los pueblos originarios y no muchas empresas depredadoras interesadas sólo en hacer “negocios”.

Parte de las conclusiones de estos encuentros fueron: se deben reconocer los derechos colectivos, entendiendo y respetando la cosmovisión, los usos y las costumbres de pueblos indígenas, comunidades campesinas y sus territorios; reconocer las prácticas tradicionales colectivas de trabajo y solidaridad entre las comunidades, que son la base de la convivencia entre ellas; toda ley aplicable a las semillas y diversidad biológica se debe discutir y consensuar de manera representativa, por medio del consentimiento libre, previo e informado; ninguna ley debe criminalizar el intercambio y libre flujo solidario de semillas entre los pueblos originarios y campesinos, y se debe prohibir la entrada, siembra y comercio legal o ilegal de semillas transgénicas de maíz en todos los países cuyos pueblos originarios han conservado y diversificado hasta la fecha esta planta y sus cultivos asociados.

Asimismo, se debe prohibir cualquier biotecnología que ponga en peligro la diversidad biocultural de los territorios de los pueblos originarios; los gobiernos nacionales deben prohibir a empresas nacionales y trasnacionales poner en riesgo, destruir, apropiarse o patentar los recursos naturales de los territorios de los pueblos originarios, los agroecosistemas, paisajes bioculturales y la biodiversidad en toda su expresión; promover iniciativas de producción agroecológica ejerciendo el derecho a la alimentación sana, segura y adecuada, de acuerdo con la identidad cultural de cada pueblo, como estrategia política de soberanía alimentaria desde lo local; promover y fortalecer la participación directa de las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas en la toma de decisiones relacionadas con la reglamentación sobre recursos biológicos y conocimiento tradicional asociado.

También, terminar con la discriminación por la indumentaria, forma de hablar o color de piel; ampliar fortalecer y articular las redes de producción, preservación y mejoramiento de semillas nativas a nivel nacional; crear materiales de difusión, en las lenguas originales, apropiados para la realidad de los pueblos y las comunidades indígenas, que ayuden a socializar leyes, tratados y convenios que se negocian en diferentes foros nacionales o internacionales, casi siempre a espaldas de los pueblos y la sociedad, y que las instituciones de educación superior diseñen programas educativos basados en las necesidades y demandas de los pueblos originarios, surgidos del diálogo de saberes y la interculturalidad.

Finalmente, cualquier resultado de la COP 13 del CDB debe respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sin supeditar este marco a arreglos nacionales ni sub-nacionales; sólo así, con un respeto jurídicamente vinculante a los derechos de los pueblos originarios se garantizará que el CBD no incurra en violaciones a esos derechos inherentes. Además reconocer que los pueblos originarios tienen derecho a la libre determinación, lo que incluye mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora.

Cabe preguntarse y reflexionar: ¿un recurso natural puede considerarse como privado y sujeto a posible patentamiento? ¿Pueden considerarse mercancías plantas como el maíz, el frijol, la calabaza o aquellas medicinales que por generaciones han domesticado los pueblos originales y campesinos? En la lógica capitalista la respuesta sería afirmativa, pero existe otra visión, aquella que por generaciones ha considerado a la tierra como un ser viviente, una Madre, aquella que reflexiona “la planta que crece en mi parcela, es la misma que crece en la de otro compañero y en la de otro que vive más lejos en el territorio”, por lo tanto, “no es suya, ni mía, es de todos” y pertenece a un todo, cuyos hilos invisibles apenas empezamos a comprender.

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