Manipulan al gobierno,
¿engañarán a la Corte?

René Sánchez Galindo Coordinador de COLECTVAS  [email protected]

¿Puede el Poder Judicial de la Federación revisar el tratamiento legal que el Ejecutivo federal da a las solicitudes de liberar o sembrar maíz transgénico en el país?

Durante 44 meses hemos sostenido un intenso debate en los tribunales federales: por un lado, la agroindustria trasnacional y el gobierno federal que actúan como socios de la misma empresa, y por otro, científicos, campesinos, apicultores, abogados, sociedad civil y consumidores. Jueces y magistrados han expedido órdenes conocidas como medidas cautelares. Con ellas se ha impedido que el gobierno se doblegue a los intereses de las corporaciones, mientras se realiza un juicio justo.

El magistrado federal, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, explicó el caso: “se pretende someter a debate ante la autoridad judicial: la posible liberación comercial de organismos genéticamente modificados [OGMs] de maíz en México […] debe considerarse de orden público y de interés general”. La sentencia de Marroquín soportó seis amparos en cuatro tribunales federales colegiados.

Por su parte, el magistrado federal, Benjamín Soto Sánchez, detalló que: “la demanda se basó en tres premisas medulares: a) la calidad de México como centro de origen y de diversidad genética de los maíces nativos y sus parientes silvestres, b) la presencia ilícita de OGMs en cultivos de maíces nativos y c) un alegado riesgo de que con la liberación al ambiente de OGMs se afectará gravemente la diversidad de los maíces nativos y sus parientes silvestres [… se] pone en riesgo el derecho humano e interés difuso de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica”.

Con base en los 30 tomos que actualmente integran el expediente del juicio de acción colectiva, podemos asegurar que las empresas trasnacionales manipulan al gobierno federal. No solo porque coinciden en todo lo que declaran, argumentan e impugnan ante los tribunales, sino porque las dependencias públicas ocultaron información a los tribunales para favorecer a aquéllas. A fin de contrarrestarlos, buscamos la información por mecanismos de transparencia en internet, la notarizamos y presentamos en juzgados.

La agroindustria hoy busca engañar al Poder Judicial de la Federación. Pretende hacer creer a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación que en marzo de 2016 se aplicaron por primera vez medidas cautelares que la ley conoce como medidas que el juez considere pertinentes. La realidad es distinta, desde septiembre de 2013 fueron consideradas por un juez para suspender la siembra de maíz transgénico en todo el país.

Las empresas y las dependencias impugnaron las medidas cautelares, incluyendo a las denominadas medidas pertinentes, mediante apelaciones y amparos que interpusieron desde finales de 2013. PHI (Dupont) promovió una apelación haciendo referencia expresa a las denominadas medidas pertinentes en diciembre de 2013. Perdieron en todos los casos, la última sentencia de amparo en revisión es de junio de 2015. Sin embargo, meses más tarde, declararon falsamente que fue apenas en marzo de 2016 cuando se aplicaron las denominadas medidas pertinentes por primera vez.

Con base en estos engaños, las trasnacionales piden que la Primera Sala de la Suprema Corte sea la encargada de resolver si se mantiene la orden que suspende el otorgamiento de permisos de siembra de maíz transgénico, en lugar del Primer Tribunal Federal Colegiado en materia Civil en la Ciudad de México.

Las corporaciones buscan que la Suprema Corte reasuma o retome su competencia, al reclamar que fueron afectadas por las denominadas medidas cautelares pertinentes por primera vez en marzo de 2016; pero como se explicó, esta norma fue aplicada, impugnada y declarada constitucional desde septiembre de 2013 y hasta junio de 2015.

Otro engaño es el que pretende realizar la empresa Monsanto. Pidió a la Primera Sala que atrajera el caso y que comunicara al Primer Tribunal Colegiado que reservará el dictado de su sentencia. Su argumento consistió en que la próxima decisión determinará si es inaplicable la Ley de Bioseguridad: falso. En este momento solo se discute si las medidas deben mantenerse hasta finalizar el juicio. Por lo que de ninguna manera se decidirá si es inaplicable la ley.

Incluso, si la justicia federal nos otorga la razón en la sentencia final y definitiva, tampoco decidiría si la Ley de Bioseguridad es inaplicable, puesto que jamás lo solicitamos. Si bien en la demanda señalamos que las restricciones que establece la Ley de Bioseguridad podrían ser insuficientes, inadecuadas e inconstitucionales, decidimos simplemente denunciar que ni siquiera éstas se cumplen. Solo pedimos que se declare el incumplimiento de la ley, la afectación al derecho humano a la biodiversidad, la mayor afectación si se libera la siembra a gran escala y, como finalidad última, que se denieguen los permisos con base en la propia ley. No demandamos decretar que la ley es inaplicable.

“Como bien se apunta en los agravios, en algunos apartados de la demanda se alega que sin reconocer que sean adecuados los límites establecidos en la referida Ley de Bioseguridad, dichos límites no han sido respetados y por ello existe la presencia de OGMs”, dispone la sentencia de Marroquín. Puede afirmarse que la demanda busca que se aplique la propia Ley de Bioseguridad.

Además, seis tribunales colegiados ya decidieron que las medidas cautelares debían tener efectos provisionales, sin decretar que la Ley de Bioseguridad es inaplicable. Por lo tanto, para dictar una resolución definitiva que mantenga la suspensión de siembra de maíz transgénico hasta el final del juicio, es igualmente innecesario declarar que la Ley de Bioseguridad es inaplicable.

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