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Avances (y retrocesos) Verónica Villa Grupo ETC Entre el 4 y el 17 de diciembre de 2016, 196 países reunidos en la Décimo Tercera Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP 13 del CDB) avanzaron en la regulación global y la supervisión de la biología sintética, un tema sumamente debatido durante casi siete años después de que la sociedad civil alertó sobre la necesidad de precaución y regulación de este nuevo conjunto de biotecnologías. Sin embargo, la COP 13 sufrió también un retroceso en el tema de evaluación de riesgos de los organismos transgénicos, ya que se planteó que los movimientos transfronterizos queden a criterio de las legislaciones nacionales, a pesar de que se trata de algo que involucra a por lo menos dos naciones, y se dio por concluido el trabajo de un grupo clave de expertos que se preparaba para poder entregar directrices sobre los nuevos tipos de transgénicos y lineamientos de evaluación de riesgos sobre organismos derivados de biología sintética. Los avances fueron resultado de la demanda de cientos de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo que estuvieron siguiendo en el lugar o desde diversos países las negociaciones en este tema en Cancún, así como del eco y acción de delegados principalmente africanos, que recogieron estas inquietudes. Entre las cuestiones más importantes dentro de la biología sintética se debatió: a) su definición operativa, b) el secuenciamiento digital y c) los peligros de una nueva técnica de extinción genética llamada “impulsores genéticos.” En el tema de la definición, la COP13 asumió que la biología sintética representa “una nueva dimensión de la biotecnología moderna que combina la ciencia, la tecnología y la ingeniería [así como] el diseño, el rediseño, la fabricación y la modificación de materiales genéticos, organismos vivos y sistemas biológicos”, definición que desde ahora funcionará como base para las sucesivas deliberaciones sobre la regulación y precauciones necesarias sobre esta tecnología. Para el caso del secuenciamiento digital, que posibilita la biopiratería de ácido desoxirribonucleico (ADN) mediante internet y bases de datos digitales, los miembros dieron un enorme paso al reconocer la gran brecha legal que existe en el CDB, ya que consideraron que el secuenciamiento digital “constituye una cuestión intersectorial que puede incumbir a los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica”. Sentaron las bases para la formación de un grupo de expertos técnicos que examine “cualquier posible repercusión del uso de información digital sobre secuencias de los recursos genéticos” y que ponga a consideración del órgano científico del CDB sus hallazgos. (La biopiratería digital consiste en que las empresas pueden descargar las secuencias genéticas de plantas, microorganismos y semillas para luego usarlas, recreando ADN físico con técnicas de biología sintética, sin considerar beneficio alguno para los países y las comunidades donde se originan los organismos base de esta información genética). Finalmente, es de suma importancia el avance en el lenguaje precautorio adoptado para los impulsores genéticos. Creados con herramientas de la biología sintética, los “genes dirigidos”, como también se nombran, están diseñados específicamente para esparcirse en la naturaleza, introducirse en poblaciones de diversas especies y potencialmente hacer que éstas colapsen. Un impulsor genético asegura que un carácter elegido pase a todas las generaciones posteriores, evadiendo las leyes de la herencia mendeliana, en la que existe la posibilidad de que si no es bueno para la supervivencia de la especie, ésta tienda a eliminarlo. Al asegurar la transmisión permanente de un rasgo, sería posible afectar o reconfigurar especies enteras y ecosistemas según sus promotores lo diseñen. Por eso también se ha llamado a los impulsores genéticos una “técnica de extinción de especies”. A diferencia de los transgénicos “normales”, que, al contaminar otras variedades, podrían expandirse y sobrevivir o ser eliminados a largo plazo por la resistencia de la propia especie, en el caso de los impulsores genéticos, si son exitosos, podrían llegar a estar presentes en toda una población en muy poco tiempo. Están diseñados para persistir y cruzar cualquier tipo de frontera y pueden volverse un problema global. La decisión de la COP13 del CDB es un primer paso, importante aunque no suficiente: reafirma el llamado a la precaución en el tema de impulsores genéticos y pide a los gobiernos asegurar que existan mecanismos regulatorios y que se realice evaluación de riesgos adecuada antes de cualquier prueba de campo. El CDB se ha convertido en un campo global de batalla sobre la diversidad biológica. Se considera el organismo de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) por excelencia para acciones de la sociedad civil en este tema, porque es uno de los pocos tratados en los que la sociedad civil ha logrado hacerse escuchar, con clara influencia en las decisiones. Desde allí se ha frenado la tecnología Terminator, de creación de semillas estériles, la geoingeniería (manipulación del clima) y otras amenazas. En el CDB la sociedad civil ha logrado bloquear muchas malas decisiones o ha apoyado buenas iniciativas relacionadas con la diversidad biológica. En esta COP, el CBD entendió que sería irresponsable experimentar o liberar impulsores genéticos. Incluso la investigación confinada en laboratorio debería detenerse hasta que existan estándares internacionales para la contención de organismos a los que se les estén insertando genes que se comportarán de formas desconocidas y podrían diseminarse incontroladamente. La gran mayoría de los gobiernos en la COP 13 entendieron que necesitan asumir ya que la biología sintética y otras nuevas biotecnologías que se desarrollan muy rápidamente implican amenazas a la biodiversidad, a las economías locales y a los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas. Las decisiones de la COP13 reflejan muchas de estas preocupaciones, y si no se logró avanzar más, fue debido a pocos países, que actuaron en defensa no de sus propias poblaciones y biodiversidad, sino defendiendo el interés de las empresas trasnacionales de biotecnología.
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