La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó a la comisión especial que investiga los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a empresas privadas, que en el seguimiento a nueve convenios para la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México se encontraron irregularidades administrativas, inadecuada planeación en proyectos y pagos en exceso.

Los diputados demandaron la versión pública de los contratos, no obstante el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, Javier Vargas Zempoaltecatl, los remitió a la página en Internet del grupo aeroportuario de la capital, para conocer su contenido.

Durante la reunión que encabezó el diputado Waldo Fernández (PRD), éste advirtió que los funcionarios deben entender que la transparencia ya la conseguimos, pero si no hay consecuencias sobre las irregularidades que se detectan no vamos a avanzar; incluso creo que el ciudadano puede interpretar que la clase política puede ser cínica porque hay información en temas de corrupción, pero no vemos a nadie pagando las consecuencias a través de la inhabilitación o en la prisión. Eso es algo que a mí me preocupa mucho.

En tanto, Vargas Zempoaltecatl entregó a diputados los datos generales registrados en CompraNet por los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria sobre los procedimientos mediante los cuales se adjudicaron contratos.

El funcionario federal explicó que Pemex no se encuentra obligado a utilizar CompraNet, porque sus contrataciones las realiza mediante las disposiciones generales y sus empresas productivas subsidiarias, vigentes a partir de junio de 2015, que la derivaron en una empresa productiva del Estado, por lo que ya no les son aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al comentar sobre la CFE subrayó que tiene un régimen especial de contrataciones públicas, con disposiciones generales en esa materia, arrendamientos y contratación de servicios y ejecución de obras, que estarán vigentes hasta que desarrolle procedimientos de adquisiciones electrónicas.