Bogotá.

La violencia se redujo por el cese del fuego bilateral que acordaron el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero para que el país logre una paz estable necesita una cultura de respeto por la vida, además de la inclusión económica y social de la población más pobre, dijo este jueves la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en noviembre de 2016 un acuerdo de paz para acabar con un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220 mil muertos y que se ha evidenciado en una disminución de las muertes en combates, así como de los ataques en selvas y montañas.

El cese del fuego con las FARC ha tenido un gran impacto en términos de reducción de los niveles de violencia. Se han salvado vidas y estimo que se ha evitado mucho sufrimiento, dijo el coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, Martín Santiago, en la presentación del informe anual de derechos humanos en el país sudamericano.

Pero no es suficiente. Nos preocupa muy profundamente la violencia contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. La persistencia de esta violencia pone en riesgo el propósito común de la paz en el país, aseguró.

La oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU verificó la muerte violenta de 63 defensores de derechos humanos en ataques en áreas que estuvieron bajo control de las FARC y donde se reportan actividades ilícitas como narcotráfico y minería ilegal.

En su informe anual la ONU alertó al gobierno colombiano sobre la intención de grupos armados ilegales, como las bandas criminales, de ocupar los espacios que antes controlaban las FARC, y le pidió que asuma el control territorial con las fuerzas armadas, además de la implementación de planes de asistencia social para reducir la pobreza en esas regiones.

También señaló que la ley de amnistía aprobada en diciembre para los actores del conflicto armado con las FARC incumple los estándares internacionales y no garantiza los derechos fundamentales de las víctimas.

Actualmente, los 7 mil integrantes de las FARC que conformarán un nuevo partido político se encuentran ubicados en 26 zonas como parte del proceso de dejación de armas que debe concluir a mediados del año con la facilitación de Naciones Unidas.

La justicia transicional, con gran oposición interna, es uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El pacto establece una amnistía generalizada y condenas hasta de ocho años de cárcel para los combatientes que hayan participado en crímenes atroces si admiten su responsabilidad.