Alrededor de 6 mil millones de pesos del Fondo Forestal Mexicano quedarán a uso discrecional de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), frente a las elecciones presidenciales de 2018 y las estatales de este año, con la ley general de desarrollo forestal sustentable que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados.

Ante este riesgo y otras deficiencias de la iniciativa, organizaciones hicieron un llamado al Senado para que someta a consulta el documento, que se encuentra en ese órgano para su aprobación, evite las regresiones en derechos indígenas de las comunidades, se establezcan reglas para evitar el tráfico ilegal de madera y se dé uso transparente a los recursos.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Red Mocaf advirtieron que la iniciativa favorece a las plantaciones forestales y sobrerregula el manejo forestal comunitario, a pesar de que 80 por ciento de los bosques son de propiedad social. Actualmente ya hay una sobrerregulación, ya que las comunidades tardan hasta tres años en que las autoridades ambientales les autoricen los programas de manejo, explicó Raúl Benet, del Ccmss.

Sobrevivencia de apoyos a largo plazo

Gustavo Sánchez, de la Red Mocaf, explicó que el Fondo Forestal Mexicano es un instrumento para asegurar que apoyos a largo plazo sobrevivan a ejercicios fiscales anuales, no sólo concentra los subsidios federales, sino también donativos de instancias internacionales y los pagos de derechos de la Conagua por servicios ambientales. También se prevé que ahí se depositen los recursos por pago de resultados de la estrategia internacional de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación.

Cuenta con un monto de recursos que va de 5 mil millones a 6 mil millones de pesos al año, y actualmente es un comité mixto en el que participan autoridades, sector privado y organizaciones forestales las que definen el destino de los recursos. Con los cambios a la legislación, este comité quedará únicamente como órgano asesor, y la decisión del manejo de los recursos será a cargo de la Conafor, con atribuciones discrecionales, precisó a su vez, Juan Carlos Carrillo, del Cemda.

Precisó que la iniciativa es omisa en materia de derechos de las comunidades indígenas y población equiparable, la inclusión de género y las salvaguardas ambientales, así como el sistema de información.

En un pronunciamiento, las organizaciones ambientales advirtieron que con esta iniciativa se concentran poder y funciones en la Conafor y se reducen los contrapesos sociales e institucionales para efectos de transparencia, eficacia y participación social.