Es necesario reconocer que la nuestra es una economía sumamente discriminatoria, pues no todas las personas tienen la posibilidad de participar en el empleo formal, aseguró Alexandra Haas Paciuc, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Si las políticas públicas (en la materia) lograran incorporar a más de 22.2 por ciento de jóvenes mexicanos que ni estudian ni trabajan al sector laboral, el país generaría ingresos adicionales con un valor de al menos 0.9 por ciento del PIB nacional. En la misma situación, agregó, se encuentran las casi 2.4 millones de personas que trabajan en el hogar.

El Conapred firmó un convenio de colaboración con el Banco de México (BdeM) por la igualdad y la no discriminación –por orientación sexual, identidad de género, discapacidad o cualquier otra condición– a fin de realizar actividades de capacitación y estudios para generar políticas públicas que fortalezcan la economía mexicana mediante la inclusión y la certificación de la institución en la norma mexicana correspondiente.

Entre los beneficios, explicó Lorenza Martínez Trigueros, directora general de sistemas de pagos y servicios corporativos del BdeM, se encuentran el impulso de cinco salas de lactancia y flexibilidad de horarios para las madres trabajadoras.

La mayor carga del trabajo doméstico y de cuidado, sostuvo, sigue recayendo en ellas, lo cual dificulta su avance en el terreno profesional en términos de tiempo, más no de ganas y dedicación.

Indicó que pese a que en el banco se han dado avances, son insuficientes, pues aún no se ha eliminado por completo la desigualdad en los puestos operativos de alto rango. “Tampoco hemos llegado a tener en ninguno de estos puestos 40 por ciento de mujeres, que es uno de nuestros grandes objetivos.

Al día de hoy 15 por ciento de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Además, hemos logrado que todos los puestos y profesiones estén representados por este sector de la población.

Esta certificación permitirá al Banco de México obtener una evaluación externa sobre su situación en materia de respeto a los derechos de igualdad y no discriminación, así como lograr un reconocimiento público como centro de trabajo que adopta y cumple procesos y prácticas incluyentes. Con la firma de este convenio se sientan las bases para futuras estrategias que nos acercan más a una sociedad igualitaria.