l Congreso local modificó la Constitución de Baja California para retirar el fuero a sus representantes populares –empezando por el gobernador– y a sus jueces y magistrados, en medio de una agitación social sin precedentes en 28 años de gobiernos panistas. Aunque la mecha está constantemente prendida en Mexicali, el resto del estado parece mantenerse en un duermevela que tiene a la clase política sentada en el filo de la silla.

Y lo hicieron por unanimidad todos los partidos porque todos quieren enamorar a esa masa ciudadana que ahorita los mira fijamente. El fuero es un privilegio de la clase política con un sentido muy importante: evitar que alguno de sus miembros sea encarcelado por sus ideas o expresiones aduciendo cualquier delito común.

Han sido los mismos políticos quienes desvirtuaron el sentido original, usándolo para robar a manos llenas; para escapar de la justicia como Javier Duarte en Veracruz, o el perredista Julio César Godoy Toscano, quien entró a la Cámara de Diputados en una cajuela para jurar y después desaparecer en la noche de los tiempos. También hay en Baja California sus ejemplos no muy lejanos. El problema no es de la ley, sino de su aplicación.

En Baja California hay un movimiento social que tiene a la clase política sentada en el banquillo de los acusados. Se lo ha ganado a pulso al tomar decisiones en lo oscurito, como permitir que el gobernador endeudara al estado por los siguientes 37 años vía las APP –porque ni los que votaron en contra pudieron socializar, difundir en su momento lo que estaba ocurriendo–.

En cada sesión los diputados escuchan todo tipo de insultos y el colmo fue lo ocurrido en el cabildo de Mexicali, donde a Gustavo Sánchez le tiraron monedas y billetes en la mesa por andar condonando el predial. Ya sacó un video para decir que la medida será parcial, que no supo informar bien. Sería realmente contra natura que la población protestara, pues le condonan los impuestos. ¿La presión social está haciendo a la clase política dar palos de ciego?