Casos de tortura, violación sexual, desaparición forzada, detención arbitraria y ejecución extrajudicial, cometidos por la Policía Estatal Acreditable Fuerza Tamaulipas desde que inició labores, fueron documentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI).

El informe Atrocidades de la Policía Estatal Acreditable Fuerza Tamaulipas en Nuevo Laredo contiene las 15 denuncias que durante los pasados dos meses han sido notificadas, sin resultado alguno, al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al procurador, Irving Barrios Mojica, así como al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, José Martín García Martínez.

Los policías, cuyos mandos son militares, también han sido denunciados por robo de pertenencias, agresiones a menores de edad, allanamientos, amenazas de muerte y extorsión a propietarios de discotecas, bares y cantinas, según testimonios recogidos por miembros del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que realizaron una visita a Nuevo Laredo.

Con este tipo de elementos, el gobierno está integrando una nueva policía paramilitar con fines de extender terror a la población, en lugar de ofrecer seguridad. Responsabilizamos directamente al gobernador García Cabeza de Vaca de lo que está sucediendo en Tamaulipas, señala en entrevista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Violación sexual

Así es como se trata a una güerca puta, dijo un policía encapuchado a María (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima), de 14 años, mientras le bajaba el pantalón corto y le arrancaba la blusa para luego violarla. Yo le gritaba llorando que me dejara ir con mi mamá, pero él seguía encima de mí, relata ella en entrevista con La Jornada.

Fue el 24 de enero, a la altura del kilómetro 13 de la carretera Nacional, en Nuevo Laredo. Eran las cuatro de la tarde y María se dirigía a su casa con una amiga. Ambas fueron subidas a las patrullas 907 y 908 de Fuerza Tamaulipas y llevadas a una brecha ubicada detrás del balneario Club Cimarrón.

Durante una hora y media fueron torturadas, humilladas y amenazadas de muerte: Nos decían que sacáramos las armas y los radios. No nos dejaban hablar. Nos trasladaron a un terreno baldío. A mi amiga se la llevaron a otro lado y conmigo había tres hombres golpeándome, hasta que uno de ellos me dijo con maldiciones que me bajara mi short. María se negó y el policía le mostró un bate.

Vale más que te lo bajes o te voy a meter este palo por la vagina, le dijo el policía, y añadió: “Ya valiste verga, culera, eres una pendeja y te vamos a llevar a Ciudad Mier para entregarte al cártel del Golfo para que te mochen la cabeza”.

Luego el policía la subió a una patrulla y allí consumó el ataque sexual, mientras algunos de sus compañeros tomaban fotos y video con el celular: “Ya cuando terminó lo que me hizo, me empezó a dar cachetadas, me pegaba en los pies con el bate y yo escuchaba los gritos de mi amiga. Y el agente me dijo: ‘si dices algo, culera, te voy a matar y a tu familia también’”.

Los policías las llevaron después a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde fueron recibidas por una agente que no consignó lo sucedido: “Le conté lo que me había hecho el policía y ella sólo comentó: ‘pues no se te nota nada’”. Luego las dejaron en una celda, hasta que sus familiares pagaron una multa administrativa de 300 pesos para liberarlas.

María no puede contener el llanto al recordar lo que vivió. Está deprimida, no ha recibido terapia, a pesar de haber denunciado penalmente lo que vivió: Se me cayó el mundo encima, mi felicidad se me terminó toda; yo era una persona diferente, alegre, pero ahora tengo mucho miedo, nomás miro a la Fuerza Tamaulipas y me agarro a temblar y a sudar.

La violación fue denunciada ante la agencia del Ministerio Público, en el número de carpeta 92/2017 a cargo de la fiscal Anabel Palacios García, y en la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, con el número de expediente 031/2017.

Torturado hasta morir

En otro caso, las fotos de Alejandro Contreras Rodríguez, de 25 años, no dejan lugar a dudas. Fue torturado hasta la muerte. Las imágenes muestran las huellas de los golpes en los glúteos, la espalda y el rostro.

Alejandro era albañil, y el 26 de enero se dirigía a las 7 y media de la mañana con un compañero al trabajo. Ambos fueron detenidos en la calle por Fuerza Tamaulipas. A su amigo lo liberaron minutos después.

Por la tarde, otros testigos vieron cómo una patrulla tiraba el cuerpo de Alejandro en un terreno baldío de la carretera Radial III: La misma policía hizo una llamada anónima para reportar que encontraron a una persona sin vida. Estos agentes se están convirtiendo en victimarios. Allí están las fotos de Alejandro donde se observa la tremenda tortura que sufrió, en unos momentos en donde el Estado mexicano recibe un informe sobre esa práctica ilícita para que fortalezca la prevención contra este tipo de actos de barbarie, comenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Otro de los casos es el de Dorian Gaona Cristóbal, quien sufrió detención arbitraria, tortura, violación sexual, amenazas y abuso de autoridad por integrantes de Fuerza Tamaulipas.

Su madre, Laura Cristóbal Villegas, denunció que su hijo menor de edad se encontraba con una amiga en la calle, cuando policías que viajaban en las patrullas 934, 767 y 816 lo detuvieron argumentando que era halcón.

Uno de los agentes me tiró al piso boca abajo, luego me esposó las manos a la espalda y me sujetó de los pies mientras otro de los policías me bajó el pantalón y me introdujo un palo de elote en el ano en dos ocasiones, dice la víctima.

Raymundo Ramos añade: Los dos casos de abuso sexual contra dos menores de edad son muy graves, son aberrantes, porque estamos hablando de policías estatales acreditables y se supone que pasaron todos los exámenes de control y de confianza.

A pesar de la gravedad de las 15 denuncias documentadas, ningún policía ha sido suspendido o investigado: Ante la indiferencia del gobernador, esto va encaminado hacia la impunidad. Él no quiere recibir a las víctimas. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no está haciendo su trabajo y se ha convertido en una oficina del propio gobierno, por eso lo estamos llevando a instancias internacionales, porque las autoridades estatales guardan un silencio cómplice.

El más reciente de los casos documentados es la ejecución extrajudicial del bombero José Antonio Rodríguez Martínez, quien el pasado 2 de marzo se encontraba en la casa de su madre, Elsa Graciela Martínez Díaz, en el fraccionamiento El Progreso, cuando a las 7 de la tarde decidió irse a su vivienda en una camioneta que le prestaron, porque al día siguiente tenía que cubrir un turno de 24 horas en el Departamento de Bomberos.

Elsa Graciela dice en entrevista que al día siguiente se enteró por los medios de comunicación y las redes sociales que su hijo estaba muerto por los disparos de integrantes de Fuerza Tamaulipas: Le dispararon a la camioneta, luego, como vieron que mi hijo no traía nada, le dieron el tiro de gracia y le sembraron un arma de fuego larga, pero se la pusieron en la mano derecha y un chaleco, cuando mi hijo era zurdo.

Comenta que los policías declararon que su hijo andaba mal, una mentira para justificar la ejecución extrajudicial. ¿Por qué no le tiraron a las llantas? ¿Por qué me lo mataron? Y me lo remataron. Este tipo de crímenes no se valen. Ellos cometieron un error y tienen que pagarlo; lo único que pido es justicia.

La madre denunció que José Antonio llevaba en su cartera más de 5 mil pesos, dinero que desapareció: Mi hijo era un hombre decente y queremos limpiar su nombre. Fuerza Tamaulipas desde que llegó está mate y mate gente, torturando, secuestrando... no es justo. Apenas tienen dos meses aquí y mire todo lo que están haciendo. Se supone que vinieron a ayudarnos, no a atacarnos. ¡Que se vayan, que los investiguen y los juzguen por sus crímenes!