En sus dos años de operación el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), la entidad del Estado creada para administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, no ha generado reservas de largo plazo, cuyo objetivo es que, una vez cubiertas las transferencias ordinarias, se puedan afrontar imprevistos graves en la economía y mitigar los efectos negativos de las crisis económicas, así como permitir que las generaciones futuras de mexicanos se beneficien del petróleo y el gas natural que el país produce en la actualidad, señala un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep).

De acuerdo con el organismo, este año se requerirán más de 567 mil millones de pesos adicionales a las transferencias ordinarias del Fondo, estipuladas en la Ley de Ingresos, para generar una reserva de largo plazo.

De acuerdo con la ley que lo rige, el FMP hace transferencias ordinarias cada año a diversos fondos de estabilización y sectoriales y al presupuesto federal hasta que los ingresos petroleros (incluido el impuesto sobre la renta petrolero) alcancen 4.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), de manera que se garantice la estabilidad de las finanzas públicas de la nación y se puedan seguir financiando programas sociales, infraestructura, educación, seguridad y servicios de salud.

Una vez cubiertas las transferencias ordinarias, la ley marca que se empezará a constituir la reserva del fondo (también conocida como ahorro de largo plazo), pero en los dos años que lleva operando dicho instrumento no ha generado ahorro de largo plazo.

El análisis del Ciep señala que en 2015 el monto faltante fue de 462 mil millones, mientras el año pasado se careció de 593 mil 400 millones de pesos para empezar a generar ahorro de largo plazo.

La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo indica además que cuando el ahorro de largo plazo alcance un nivel equivalente a 3 por ciento del PIB, los ingresos adicionales se podrán destinar a rubros concretos de gasto e inversión, como proyectos de infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, así como becas para educación universitaria y de posgrado, pero no se utilizarán en gasto corriente de la administración pública.

Cuando dicho ahorro llegue a un nivel de 10 por ciento del PIB, los rendimientos financieros reales serán transferidos a la Tesorería de la Federación.

En caso de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una caída en el PIB, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una baja en la plataforma de producción, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, la Cámara de Diputados podría aprobar la integración de recursos de ahorro público de largo plazo al Presupuesto de Egresos de la Federación.

El especialista Alejandro Limón Portillo, autor del estudio, señala que en este año tampoco se enviarán recursos a la reserva de largo plazo, pues el monto que financia al Presupuesto de Egresos de la Federación representa sólo 1.8 por ciento del PIB.

Si se considera que 4.7 por ciento del PIB de este año es de 954 mil 116.5 millones de pesos, se necesitarían 567 mil 214.5 millones más para lograrlo, equivalente a 146.6 por ciento del objetivo de transferencias ordinarias de la Ley de Ingresos de 2017, añade el especialista.

Criticó que en los pasados tres años el interés de financiar el gasto público con recursos petroleros ha aumentado, pues el monto de las transferencias ordinarias, que aparece en las leyes de ingresos correspondientes, ha disminuido desde el inicio de operación del fondo, cuestión que ha facilitado que la proporción de las transferencias destinadas al Presupuesto de Egresos aumente.

Este año, 95.1 por ciento de los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo se dirigirán al Presupuesto de Egresos.