Impedir a mujeres víctimas de violencia sexual recibir atención médica, acceso al suministro de pastillas anticonceptivas de emergencia y la profilaxis contra el VIH/sida, infringe la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, dijo Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Señaló que no se les puede negar bajo ningún argumento ideológico, político ni religioso que accedan a este derecho, plasmado en la norma oficial mexicana (NOM) 046.

A propósito de la controversia que el jueves pasado sostuvieron diputadas federales luego de que en la sesión ordinaria de ese día se evitara, a petición del Partido Acción Nacional, la discusión de una iniciativa que busca hacer obligatoria la NOM-046 en estados y municipios, Navarrete dijo que el instituto estará atento a que se discuta y se amplíe está protección y este derecho de las mujeres.

Panorama desolador

Recordó que el panorama en cuanto a la violencia sexual que se vive en el país es desolador, pues al año se reciben 15 mil denuncias por este delito, sin contar la cifra negra. Hay estudios muy serios de instituciones que señalan que por cada denuncia hay ocho víctimas que no recurren a las autoridades. Y agregó que lo más grave es que sólo una de cada cinco llega a una sentencia condenatoria.

En este sentido, Rebeca Ramos Duarte, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, lamentaron que legisladores y grupos conservadores antepongan sus visiones y creencias personales y religiosas al cumplimiento a la ley.

Ramos Duarte dijo en entrevista que es innecesaria la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque las normas ya son de cumplimiento obligatorio, por lo que no se trata de un tema legislativo, sino de aplicación.

¿Qué está pasando que en las secretarías locales?: en la gran mayoría, los funcionarios públicos están anteponiendo sus cuestiones personales a lo que dice la ley, indicó.

Por ello, dijo, el GIRE está buscando que no haya impunidad para aquellos servidores públicos que están incumpliendo la norma y que están revictimizando a estas niñas y mujeres que además sufrir violencia sexual, generalmente por parte de sus familiares, niñas hasta de nueve y 10 años están siendo obligadas a ser madres.

Para Luz Estrada, los prejuicios y obstáculos impiden que se revierta la discriminación hacia las mujeres, a pesar de que en las leyes se les garanticen sus derechos. Y señaló que las consecuencias de no obligar al cumplimiento de la NOM-046 son graves.

Son niñas y mujeres que están teniendo embarazos forzados por una cultura machista que defiende la vida en absoluto, pero no la vida de ellas, que pueden morir.