La afirmación del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, de que las fuerzas armadas seguirán realizando tareas de seguridad pública porque la gente así lo demanda, forma parte de la presión a los legisladores para que legalicen totalmente una actividad que está prohibida por la Constitución, pero que lleva 10 años aplicándose de facto, advirtieron organizaciones civiles.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sostuvo que las declaraciones de Cienfuegos son parciales e interesadas y rompen con la idea de que la seguridad interior del país debe ser responsabilidad de las autoridades civiles, como indica la Carta Magna.

Estamos viendo un embate renovado del propio Cienfuegos, del secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) y de los partidos políticos para imponernos su ley de seguridad interior. Otra vez se pone en marcha la maquinaria política del gobierno para sacar esta ley sin el debate necesario y sin evidencia empírica de que ésta es la solución, indicó.

Hay sectores que consideran que los militares son los mejor preparados para protegerlos, pero lo que está de fondo es la incapacidad y la negligencia de las autoridades civiles para cumplir con su responsabilidad. Se debe recuperar la conciencia de quién tiene el deber de controlar la seguridad pública y no resolverlo con vías que tienen alto costo para la sociedad, añadió el activista.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, coincidió en que los dichos del secretario de Defensa se suman a las declaraciones de Osorio Chong, varios legisladores y el presidente Enrique Peña Nieto para hacer que el Congreso emita una ley a modo, que permita a los uniformados seguir patrullando las calles.

Para definir el papel de los militares en este escenario, enfatizó, tendría que hacerse un proceso amplio de consulta donde haya elementos que nos permitan ver el papel de las fuerzas armadas en los últimos 10 años, sabiendo que hay muchas recomendaciones y estudios que los implican en violaciones a los derechos humanos.

“Algunas voces importantes ya han dicho que seguir con esto (la militarización de la seguridad pública) es continuar con una perspectiva castrense, donde primero está la fuerza, después la fuerza y hasta el último el derecho.

Sería un retroceso permitir que los militares sigan en la calle, porque si en 10 años no ha habido controles que los limiten, con una ley que los auspicie ya no los va a haber, alertó.

Falsa aseveración del secretario

El Congreso no debe permitir más presiones del titular de la Sedena para que se apruebe la ley de seguridad interior, resaltó el coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Manuel Bartlett.

Recalcó que cada vez es mayor la presión del secretario de la Defensa, lo que en otras naciones que se precien de ser democráticas llevaría al Legislativo a pedir su renuncia.

El senador Bartlett dijo que es falsa la aseveración de Cienfuegos de que son los ciudadanos los que demandan que las fuerzas armadas se mantengan en el combate al crimen organizado.

Por el contrario, resaltó, la mayoría de los mexicanos quiere al Ejército en sus cuarteles, realizando las tareas que la Constitución le asigna, porque realizar tareas policiacas se ha traducido en violaciones a derechos humanos de los civiles.

Por separado, el senador independiente Armando Ríos Piter comentó que no se puede aprobar al vapor una ley que legitima la participación militar en el combate al crimen organizado, toda vez que se requiere analizar a fondo las facultades que se darán a las fuerzas armadas y asegurar que no se violenten las garantías fundamentales.