Opinión
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Los de abajo

Injusticia en Yucatán

N

o hay línea divisoria entre el machismo, la discriminación y el despojo capitalista. En el caso de las tierras del ejido Chocholá se conjuga todo. Una empresa cementera intenta arrebatarles el territorio a los ejidatarios mayas. La comisaria ejidal, una de las pocas mujeres en ocupar este cargo en Yucatán, encabeza la defensa y, por ese motivo, la Procuraduría Agraria convocó a una asamblea para destituirla, asegura el Equipo Indignación, organización en defensa de los derechos humanos en la península.

El domingo 12 de marzo, acusa Indignación, se pretende despojar a Claudia Cob del cargo al frente de la comisaría, en ilegal asamblea convocada por la Procuraduría Agraria, que vulnera los derechos del pueblo y la autonomía del ejido. Desde el pasado 17 de febrero los ejidatarios advirtieron que la empresa incurría en prácticas corruptas para coartar a los líderes del ejido y del municipio, con el fin de construir el banco de materiales que contaminará los mantos friáticos. Los ejidatarios insistieron en que la obra no cuenta con los permisos de la Semarnat ni de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La defensa del ejido en contra de la cementera, señalan, provocó que las autoridades agrarias pretendan con asambleas amañadas destituir a la comisaria ejidal, razón por la que los pobladores se plantaron frente a la Procuraduría Agraria para exigir la suspensión de la primera asamblea planeada para la destitución, la cual finalmente no se celebró por falta de quórum. Ahora hay una nueva convocatoria, por lo que el centro de derechos humanos promueve una petición en la plataforma Change para suspender la asamblea con la que intenta destituir a Claudia Cob.

Empresa y autoridades coludidas ven en Cob a una enemiga. Y tienen razón, pues ha denunciado con vehemencia las irregularidades y los fraudes de los comisarios anteriores, está preocupada por el daño al medio ambiente que provocará la extracción de material pétreo y se opone a la venta de las tierras de uso común.

Señala el Equipo Indignación que los ejidatarios exigen que todo el pueblo sea consultado sobre la venta de tierras y el usufructo de las mismas, y que se cuente previamente con toda la información necesaria. También, indica el centro, denuncian que la empresa Próser se ha beneficiado de terrenos del ejido, pues continúa explotando las tierras sin renovar el convenio desde hace tres años.

Realizar todas las actuaciones necesarias para detener la criminalización contra la comisaria ejidal de Chocholá e investigar y sancionar a los servidores públicos que han actuado ilegalmente en favor de la empresa y en contra de los intereses del ejido son las demandas.

www.desinformemonos.org