Madrid.

Decenas de miles de personas se manifestaron este jueves en las calles de las principales ciudades españolas para exigir un nuevo pacto educativo de carácter estatal, que tenga como prioridad la escuela pública, desde la primaria hasta la universidad.

Para presionar a las diversas fuerzas políticas del Congreso de los Diputados el sector educativo, tanto profesores, trabajadores de la educación como alumnos y padres de familia respaldaron de forma mayoritaria la huelga, que dejó sin clases a la mayoría de las escuelas públicas del país.

En Madrid, donde se registró la movilización más multitudinaria, se calcula que alrededor de 5 mil personas recorrieron el centro histórico convocados por la llamada marea verde, el movimiento de estudiantes, profesores y padres de familia que nació hace más de cinco años a raíz de los recortes derivados de la crisis económica.

Entonces reivindicaron sobre todo la derogación de la nueva ley educativa, aprobada en solitario por el Ejecutivo del derechista Mariano Rajoy, quien gobierna el país en un segundo mandato, pero sin mayoría absoluta, por lo que se comprometió a eliminar la normativa e iniciar el diálogo para redactar una nueva.

Las protestas estudiantiles recorrieron además las principales ciudades del país, todas con la exigencia de más recursos para la educación pública y de un viraje urgente en la forma de entender a la escuela pública. Al final de las marchas se leyó el comunicado conjunto, en el que sostienen que “son tiempos de reivindicación.

“Después de la efectiva tarea de shock realizada sobre la escuela pública desde 2000 hasta hoy, con la que se ha intentado el desmantelamiento de los derechos sociales por la clase política y la oligarquía que rigen la enseñanza en nuestro país, no nos queda otra que recordar cómo se consiguen y recuperan los derechos perdidos: luchando. Es necesaria la protesta, la unión y el volver a saludarnos en la reivindicación solidaria”, señaló el comunicado.

Las movilizaciones estudiantiles se han mantenido en los últimos años; sin embargo, han perdido fuerza, sobre todo a raíz de la irrupción del partido emergente Podemos en el escenario político, que se ha alimentado en parte de los entonces dirigentes de la lucha de la educación pública.

Ahora se intenta reconstruir la estructura de movilización con un mensaje renovado sobre la nueva situación política: Nos quieren enfrentar a la enseñanza privada, pero esto no va de frentes, sino de garantizar el derecho a la educación pública de calidad, y de cumplir una obligación, la que tienen los poderes públicos de sostenerla y mantenerla con los fondos necesarios que permitan su óptimo funcionamiento, advierten.

Asimismo muestran su preocupación ante las políticas de privatización que pretenden el acoso y derribo de los servicios públicos, con cuyos restos tratan de hacer negocio e imponer en la educación la lógica del neoliberalismo económico, justificándose en el informe PISA, en una retorcida interpretación del derecho de las familias a la elección de centros y en odiosas comparaciones y argumentos más propios de la economía de empresa que de la pedagogía. Los fines de la educación nada tienen que ver con los intereses empresariales. El derecho a una educación pública de calidad no se negocia: se respeta y se defiende.

Los manifestantes también lamentaron que tras cinco años de años de gobierno del PP nos han llevado al abismo destrozando el sistema educativo.

Las cifras de acatamiento de la huelga fueron de 65 por ciento de docentes y 85 por ciento de alumnos, según las plataformas convocantes. El Ministerio de Educación dijo que el impacto de la huelga fue mínimo.