El fuero para funcionarios públicos, representantes populares, jueces, magistrados y gobernantes de Baja California será suprimido de la Constitución local, decidió este jueves el Congreso del estado por unanimidad. A su vez, el Congreso de Nuevo León aprobó el Sistema Estatal Anticorrupción, que también abroga el fuero para funcionarios públicos.

El dictamen, que contempla retirar el fuero a todos los funcionarios municipales, estatales y del Poder Judicial de Baja California, será enviado a los cinco ayuntamientos de la entidad para que los cabildos voten su aprobación o rechazo. Si en un mes no es impugnada por al menos tres municipios, será publicada en el Periódico Oficial y entrará en vigor 90 días después.

La iniciativa que reforma los artículos 91, 94 y 95 de la Constitución estatal fue presentada en octubre de 2016 por el Partido Estatal de Baja California, y después se le añadieron propuestas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Encuentro Social.

Asimismo, los legisladores acordaron enviar un dictamen al Congreso de la Unión, en el que se contempla eliminar el fuero de la Constitución federal, lo que incluiría al Presidente de la República, a diputados federales, senadores y magistrados.

Posteriormente, en los pasillos del Poder Legislativo se registró un enfrentamiento verbal por la eliminación del fuero, entre abogados del Movimiento Mexicali Resiste y activistas que acompañaban al ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien dijo estar en contra de retirar de la Constitución la figura del fuero, con el argumento de que el gobierno en turno utilizará cualquier artimaña para que diputados o regidores de oposición no presenten planteamientos en contra de las políticas públicas del Estado.

Mientras, el pleno del Congreso de Nuevo León votó reformas constitucionales para instaurar el Sistema Estatal Anticorrupción que desaparecerá el fuero para servidores públicos e incluye la creación de un Comité de Selección Ciudadano, formado por nueve personas que elaborarán convocatorias y definirán la lista de candidatos a ocupar la Fiscalía General de Justicia, la Especializada en el Combate a la Corrupción y la Especializada en Delitos Electorales.