La Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Electorales (Fepade) obtuvo una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por la comisión de diversos ilícitos en la materia.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que este miércoles obtuvo el mandamiento judicial contra el ex mandatario, quien se encuentra prófugo de la acción de la justicia, con el cual suma dos órdenes de captura. El primero se expidió por la comisión de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

El Ministerio Público Federal ofrece hasta 15 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la ubicación y detención del ex mandatario veracruzano, a quien se ha señalado como responsable de haber desviado más de 2 mil millones de pesos de recursos públicos hacia 30 empresas fachadas, las cuales supuestamente prestaron servicios o vendieron artículos médicos y educativos a la población de esa entidad.

Acerca de la acusación más reciente, Duarte de Ochoa fue imputado por obstaculizar las labores de los funcionarios del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, al negar la entrega de recursos económicos necesarios para el adecuado desarrollo de los comicios en esa entidad.

El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa enfrenta nuevo proceso luego que la Fepade obtuvo una orden de captura en su contra por la comisión de un delito electoralFoto Cristina Rodríguez

El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, señaló que con estas acciones se puso en riesgo el proceso electoral en la entidad. Asimismo, aclaró que se trata de la primera orden de aprehensión contra el ex gobernador Duarte de Ochoa por la comisión de un delito electoral.

“De los trabajos de investigación realizados por el Ministerio Público de la Federación, en funciones de fiscal federal, se logró tener por satisfechos los elementos que la ley señala como delito, así como la probable participación del hoy sustraído de la acción de la justicia, en el ilícito contemplado en el artículo 7, fracción IV, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que menciona que se impondrán de seis meses a tres años de prisión a quien: (…) IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, señaló la Fepade.