urante las semanas recientes la prensa ha estado llena de noticias que exhiben que el dinero para salud no llega donde debe o se gasta en sobreprecios de insumos o ha sido legalmente ajustado a la baja. Al tiempo que hay protestas de los usuarios y trabajadores del sector por falta de medicamentos y otros insumos o por largas colas para la atención, una cantidad enorme de recursos no está debidamente documentada y otros se retienen silenciosamente.
Una causa poco publicitada del recorte en salud se deriva de la sustitución del salario mínimo por la unidad de medida y actualización (UMA), como referente legal para el pago de obligaciones y ejercicio de derechos, cambio que tendrá un impacto en las instituciones públicas de seguridad social. Fue aprobado e incluido en la Constitución en enero de 2016 y considerado un gran avance para poder incrementar el salario mínimo por encima de la inflación y de esta manera empezar su recuperación. El método de cálculo de la UMA fue legislado en diciembre de 2016 y consiste básicamente en un ajuste interanual con el índice nacional de precios al consumidor (INPC).
Un resultado concreto para 2017 es que la cuota patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajó en 5.7 por ciento respecto del anterior sistema de fijación. Ocurre así porque esta cuota para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) es fija o única hasta tres salarios mínimos. Esto significa que se desvincula el costo de la prestación de servicios de salud del salario y se disminuye el ingreso del instituto en este rubro desde antes deficitario. Este decremento se suma a la pérdida de recursos para salud que resultó de la reforma de 1995/97 del IMSS que cambió la cotización proporcional al salario para salud a la mencionada cuota única particularmente favorable a la gran empresa. Implicó, de origen, una pérdida de ingresos para el Seguro Social en este rubro del orden del 4.5 por ciento, a pesar de la nueva aportación estatal de 13.9 por ciento por afiliado.A ello se ha añadido una pérdida acumulada debido a que el salario base de cotización (SBC) ha incrementado más rápido que el salario mínimo que ha sido el factor de ajuste.
La adopción de la UMA no tendrá un impacto igual sobre los recursos legales del Seguro Popular, porque la cuota social federal y la aportación solidaria estatal empezaron como un porcentaje del salario mínimo del Distrito Federal, pero se ajustananualmente con el INPC.
Otro tema que tendrá implicaciones directas en el sector salud son las revisiones que está haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre la competencia en el mercado de medicamentos y de otros insumos de salud según la prensa especializada. Llama la atención que al tiempo que las compras consolidadas del sector salud han recibido mucha publicidad por los ahorros logrados, resulta que la Cofece está investigando prácticas monopólicas absolutas en toda la cadena de producción, distribución y venta de medicamentos además de la investigación sobre los medicamentos de patentes. Es de señalar que es un ámbito de alta concentración con una participación muy importante de empresas trasnacionales. La Cofece también investiga los servicios integrales de estudios de laboratorio y de bancos de sangre desde abril de 2016, cuestión relevante, ya que son ámbitos de subrogación muy importantes en todas las instituciones públicas de salud.
Los resultados de las auditorías del gasto federalizado de la cuenta pública nacional de 2015, realizadas por la ASF, demuestran problemas serios tanto de las transferencias del Seguro Popular (SP) a los estados como del fondo de aportaciones para los servicios de salud (Fassa). La importancia de ellos se entiende al constatar que este gasto representa 73 por ciento del gasto federal de salud que es la fuente principal en salud. Las auditorías del SP arrojan que 27 por ciento del monto total auditado tiene observaciones, o sea irregularidades, y del Fassa 7.7 por ciento. Esto significa que 16.5 por ciento del gasto en salud, o más de 20 mil millones, para la población sin seguro social tuvo irregularidades en aquel año. La ASF señala, además, que los problemas encontrados en 2015 no son nuevos, sino se repiten con una alta frecuencia las mismas observaciones que se hicieron en años anteriores, lo que demuestra problemas estructurales de gestión particularmente en el SP. Una parte de las observaciones seguramente se resolverán por las dependencias, pero también hay que tener en mente que el desorden administrativo es una manera de encubrir fraudes, desvíos de recursos u otras estafas.
Los ejemplos expuestos indican que el uso del insuficiente presupuesto de salud en un monto importante es trampeado y no se usa para mejorar las condiciones de salud de los mexicanos.
