l actual secretario de Comercio de Estados Unidos, W. Ross, ha planteado que la renegociación del TLCAN pudiera ser conveniente para México. Al margen de lo discutible de esta afirmación, una de las razones que ha expuesto es que entre sus propósitos originales este tratado comercial se proponía una convergencia salarial entre los países firmantes que no se ha dado. Más en general, quienes impulsaron en México este tratado en los años 90 del siglo pasado plantearon que se lograría que fueran convergiendo los niveles de vida de las tres poblaciones.
Evidentemente esto tampoco ocurrió. Las razones que explican el rezago mexicano se localizan en decisiones políticas que amarraron la evolución salarial a la inflación esperada, con el argumento de que incrementos salariales superiores a ese aumento esperado de los precios serían inflacionarios. Una condición necesaria para que esto pudiera aplicarse en términos prácticos fue que muchos de los sindicatos existentes mantenían condiciones de subordinación respecto de los gobiernos federales respectivos, al tiempo que las instancias de la justicia laboral forzaban a que los topes salariales se convirtieran en regla para las revisiones contractuales.
Esta política, que sigue vigente, explica que los salarios mínimos y los salarios promedios se hayan mantenido prácticamente sin ninguna mejora en términos reales en los pasados 30 años. Consecuentemente no sólo no ha habido ningún acercamiento entre los niveles salariales de México con los de Estados Unidos y Canadá, sino que se ha ampliado la brecha salarial existente en el momento de la firma del TLCAN en 1993. De esta manera el pacto comercial sirvió, en realidad, para que las empresas estadunidenses se beneficiaran de una importante ventaja en los costos salariales, lo que les permitió ganar competitividad frente a empresas de otros países.
El planteo de Ross pudiera ser de interés. Sostener la necesidad de que se eliminen, o por lo menos se disminuyan significativamente, los beneficios marginales que existen en la economía mexicana, adicionales a los establecidos en el propio TLCAN, apunta a una debilidad real cuya corrección debiera plantearse. Es claro que los salarios de una parte proporcionalmente significativa de los trabajadores en México no permiten adquirir la canasta básica, de modo tal que son inconstitucionales.
El planteo de incrementar progresivamente las remuneraciones de los trabajadores mexicanos forma parte de la modificación del rumbo económico que hemos seguido desde los tiempos del salinismo. Poner en primer lugar la disminución de la desigualdad, como base de una ampliación del mercado interno que permita constituirlo en motor del desarrollo nacional, obliga a que las remuneraciones ganen capacidad adquisitiva, lo que sólo puede lograrse eliminando los topes salariales y permitiendo que en las revisiones contractuales y salariales las partes acuerden libremente las condiciones en función de los márgenes existentes.
Para los mexicanos lo central no puede estar en la disminución de las ventajas salariales que ofrece nuestra economía, sino en la necesidad de que el mercado interno se convierta en el elemento dinamizador del conjunto económico, reemplazando al sector exportador. Para ello la política social y la salarial, que deben acompañarse de modificaciones tributarias de carácter progresivo, son fundamentales. La administración de Trump no cejará en su propósito de reducir drásticamente el superávit comercial existente entre nuestra economía y la estadunidense.
Buscará conseguirlo de diversas maneras, algunas de ellas claramente violatorias de las reglas comerciales con las que nos hemos regido. No podemos esperar a que tribunales internacionales en un largo tiempo le den la razón al gobierno mexicano. Debemos adelantarnos, reconociendo la necesidad de un cambio de dirección. La necesidad está planteada. Lo que hace falta es que actores políticos relevantes en la vida nacional sean capaces de proponerlo y generar los consensos que lo hagan viable.
