Sociedad y Justicia
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Comunidades de Coahuila prevén daños irreparables

La empresa Sociedad Ecológica viola un fallo judicial y opera basurero de tóxicos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de marzo de 2017, p. 41

Pese a que un juez federal concedió a diversas comunidades de Coahuila la suspensión definitiva de la operación de un tiradero de desechos industriales, dicho proyecto comenzó a operar desde finales del año pasado, lo cual significa un acto de abierto desacato a una resolución judicial y un riesgo sanitario para los pobladores, manifestó el colectivo Sí a la Vida.

En conferencia de prensa, los integrantes de dicha organización –formada por agricultores, ganaderos y artesanos de los municipios General Cepeda, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe– explicaron que en 2014 comenzaron a organizarse para impedir la instalación de un confinamiento de residuos industriales tóxicos y peligrosos.

El depósito de basura, operado por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte SA de CV, se instaló en terrenos aledaños al ejido Noria de la Sabina, cuyos habitantes afirman que sus tierras, aguas y otros recursos naturales se verán afectados por ese proyecto.

Luego de impugnar legalmente la operación del basurero, en octubre de 2016 la sala especializada en materia ambiental y regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una sentencia de medidas cautelares, mediante la cual se concede en definitiva la suspensión solicitada por los habitantes de la región.

En su argumentación, los juzgadores subrayaron: Se busca la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Además, evitar un daño de imposible reparación, ya que estaría en riesgo el disfrute de los derechos humanos de toda persona a un medio ambiente sano.

El mes pasado dicha sala del TFJA dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad de la autorización de impacto ambiental que le otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la empresa. De esta forma se evidenció que el confinamiento fue construido y opera de forma ilegal.

Imelda Belmares, habitante de una comunidad cercana al basurero, denunció que dicho proyecto ha venido a robarnos la tranquilidad. Nuestra preocupación es que un día vaya a haber una explosión y se contamine nuestro aire y agua. Están arrojando 300 sustancias químicas diferentes y no sabemos qué reacciones vayan a desencadenar.