El elevado tope de gastos de campaña para los próximos comicios de gobernador en el estado de México, fijado en 285.5 millones de pesos, representará 85 por ciento de lo que se estableció para la elección presidencial de 2012, que fue de 336 millones de pesos.

Al comparar los padrones electorales entre ambos comicios, la desproporción se acentúa, porque en el caso mexiquense es de tan sólo 11.1 millones de votantes, contra el nacional de 2012, que era de 84.4 millones.

Comparado con la última elección de gobernador en esa entidad, el incremento en los topes aumentó casi 30 por ciento, al pasar de 203 millones de pesos que se aprobaron en 2011, a los 285.5 en la actual, con lo cual se ubica como el más alto en todo el país.

El factor que ha disparado este excesivo gasto en el estado de México –que, de erogarlo en su totalidad los cuatro candidatos sumarían mil 142 millones de pesos– tiene su origen en el decreto 178 expedido por la Legislatura local, por el que se reformaron diversos ordenamientos para la desindexación del salario mínimo en esa entidad.

De acuerdo con el Código Electoral del estado de México, el tope de gastos de campaña en 2011 fue el resultado de multiplicar 34 por ciento del salario mínimo en la entidad –entonces tasado en 56.70 pesos– por los 10.6 millones de electores que había entonces.

Para este año las disposiciones electorales señalan que se multiplicará 34 por ciento de la unidad de medida y actualización –que para este año es de 75.49 pesos, vigente a partir del primero de febrero– por los 11.1 millones de votantes.

Enrique Gutiérrez Márquez, del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, consideró que los 285.5 millones son a todas luces una ofensa para la ciudadanía, pero desafortunadamente es legal. Uno habría esperado que el Consejo General del Instituto Electoral del estado de México fuera un poco más sensato y consciente de la situación que vive el país.

Recordó que el PRI controla en la entidad, y “en términos de cómo piensan los políticos, seguramente “pensaron en aprobar un tope de gastos más alto de lo normal con el interés de tener un guardadito para lo que se pudiera ofrecer”.

Sobre todo porque si el PRI pierde el estado de México, será un indicador muy importante de su debilitamiento para 2018. El académico se mostró convencido de que los priístas harán acopio de los recursos a su alcance, incluidos programas sociales.

La reforma electoral nacional aprobada en 2007 pretendía reducir los gastos ordinarios y de campaña de los partidos en las contiendas. Es por ello que, al modificarse la fórmula del cálculo para fijar los topes se pasó de 50 por ciento a 34 por ciento del salario mínimo, por ello el tope establecido para los comicios mexiquenses de 2005 fue de 216 millones de pesos, el cual bajó para 2011 a 203 millones de pesos.

El académico no descartó que la unidad de medida aplicada para establecer los topes de gastos de campaña en el estado de México puedan utilizarse en otras entidades o incidir en la organización de las elecciones presidenciales.