Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de la Ciudad de México, informó que se iniciaron cien juicios contra construcciones irregulares, algunos de los cuales han derivado en suspensiones y clausuras, y en tres casos en órdenes de demolición por rebasar los niveles permitidos.

Dichos juicios son promovidos por vecinos y asociaciones vecinales por medio de la figura de acción pública y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), quienes demandan la nulidad de los permisos otorgados ilegalmente, así como los que cumplieron con todo el papeleo, pero no se cumplieron a cabalidad.

El número de acciones públicas ha crecido en materia de uso de suelo, construcciones, establecimientos mercantiles y medio ambiente, pues los vecinos tienen la posibilidad de demandar a cualquier persona física o moral de sentirse agredidos en su persona, patrimonio o entorno, señaló.

Los interesados en interponer una demanda, precisó, cuentan con el área de defensoría jurídica gratuita del TCA, donde se lleva todo el proceso, desde llamar a las autoridades involucradas hasta al constructor, para revisar y analizar si una construcción es legal. De no ser así, damos la razón al vecino y ordenamos la clausura del lugar.

Asimismo, se aplican sanciones económicas, que dependen de la gravedad de las irregularidades que cometan, pues la ley marca un término de unidades de cuenta en las multas que puede imponer el gobierno, aunque, en caso de exceder el número de niveles permitidos, se determina su demolición.

Hasta el momento, esta última únicamente ha aplicado en tres casos en la delegación Miguel Hidalgo. Nosotros le damos la indicación a la demarcación para que lleve a cabo el procedimiento, avisándole al constructor que puede hacerlo de manera directa, comentó.

Los jueces, reconoció, podrían otorgar un amparo en caso de considerar que la construcción es legal, pero cuando nosotros señalamos que es ilegal, ordenamos la suspensión inmediata de los trabajos, y de continuar, el principal afectado será el propio constructor, más si viola los sellos de clausura, porque nos llevaría a interponer una denuncia penal, porque se trata de un delito.

Por ello, mediante la acción pública y vía la PAOT se iniciaron cien juicios por construcciones irregulares, que en breve se concretará en tres demoliciones, aunque el número puede crecer si se detectan violaciones al uso de suelo, falta de permisos o la obtención de éstos de manera ilegal.