El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo compras de ‘‘último momento’’ entre noviembre y diciembre del año pasado por 569.6 millones de pesos, debido a que había altas disponibilidades presupuestales y así evitó un subejercicio, advierte el Informe Anual de Gestión 2016, elaborado por la Contraloría General.

La contraloría, encabezada por Gregorio Guerrero, señala también que la renta de mil 95 vehículos a un costo de 935.4 millones de pesos fue mediante un proceso de contratación con ‘‘deficiencias en la supervisión de su cumplimiento, subutilización del mismo y un elevado costo erogado para disponer de servicios que no fueron utilizados’’.

También halla deficiencias en el sistema de fiscalización en línea, porque el grueso del trabajo no es automatizado, sino se realiza todavía por auditores a través de revisiones en gabinete y de verificación física.

Dicho documento, que hoy se analizará en la sesión del Consejo General del INE, plantea que por su ‘‘alta disponibilidad presupuestal’’, el instituto pudo cubrir el costo total de la organización de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que ascendió a 427.9 millones de pesos. Y si bien se cancelaron varios proyectos, no afectó sus funciones fundamentales.

Critica que nuevamente en 2016 ‘‘un elevado monto de recursos fue ejercido en procedimientos de contratación durante los últimos meses del año bajo un contexto de enorme presión por la culminación del ejercicio fiscal, a fin de disminuir las altas disponibilidades presupuestales que acumulaban las áreas desde el inicio del año, y que de no haberse emprendido muy probablemente hubiera suscitado de nueva cuenta un significativo subejercicio de recursos’’.

Destaca en particular ‘‘las compras de último momento’’ que se efectuaron en los meses de noviembre y diciembre de 2016, que implicaron el ejercicio de 569.6 millones de pesos, aproximadamente 12.3 por ciento del presupuesto modificado del instituto, sin considerar los pagos de salarios.

La contraloría insiste en que subsisten los problemas con el contrato y los dos convenios modificatorios suscritos con Jet Van Car Renta, que arrienda más de mil vehículos al INE y que desde su perspectiva hubiera convenido mejor comprarlos.

No encontró documentos que ‘‘justificaran el número de automotores considerados en el proyecto de contratación del servicio ni la existencia de un estudio previo de factibilidad para determinar la conveniencia de la contratación, ni un diagnóstico de las condiciones que presentaban los vehículos propiedad del instituto.

De las unidades auditadas ninguna utilizó el servicio de call center para la administración de los vehículos y se detectaron casos en los que, habiendo recorrido más de 40 mil kilómetros, sus neumáticos no fueron sustituidos conforme a lo dispuesto en el convenio.

La contraloría plantea deficiencias en el sistema de fiscalización en línea de las cuentas de los partidos políticos y pide su revisión para que ‘‘sea una verdadera herramienta en el proceso de fiscalización y no sólo como glosa presupuestal-contable y de registro de las operaciones de los partidos políticos’’, para lo cual se requieren 310 plazas.

También exige revisar la totalidad de las plazas por honorarios, para definir si son necesarias y los montos erogados para ese fin son correctos. Del análisis a los pagos realizados al personal contratado para las elecciones 2016, destacan presuntos pagos en exceso por 1.35 millones de pesos.

Además, solicitó la aclaración sobre montos de dietas cubiertas a consejeros electorales locales y distritales, por ‘‘presumibles pagos en exceso’’, así como la aclaración de pagos por 2.16 millones de pesos que se encontraron fuera del periodo autorizado.