En los centros de reclusión y detención, así como en los separos para la aplicación de sanciones administrativas, dependientes todos del gobierno de Michoacán, persisten múltiples e importantes factores de riesgo en cuanto a la comisión de la práctica de la tortura y malos tratos, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En dos informes de seguimiento, a fin de verificar las condiciones en las que se encuentran los internos en dichos centros, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del organismo nacional, concluyó que de las 214 situaciones observadas de manera inicial, la cuales constituyen factores de riesgo en materia de tortura, 68 fueron atendidas y otras 42 presentan avances encaminados a su atención, pero en 104, es decir casi la mitad, aún persisten en su totalidad.

Las visitas se realizaron a 20 sitios de detención bajo la competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las secretarías de Seguridad Pública y de Salud, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como 16 separos destinados para la aplicación de sanciones administrativas en igual número de municipios.

La revisión

En todos ellos se verificaron las condiciones de estancia, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal, factores directamente relacionados con los derechos humanos de los internos.

Algunas de las deficiencias observadas, según los informes de la CNDH, son: falta de asignación de una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas; celdas que carecen de inodoro, lavabo e instalaciones hidráulicas; deficiencia en la ventilación e iluminación, así como en las condiciones de higiene; áreas de aseguramiento carentes de reglamento interno y manual de procedimientos; insuficiente personal médico; inexistente separación entre procesados y sentenciados, y falta de capacitación del personal en materia de derechos humanos y prevención de la tortura.

A estas condiciones se suman el hacinamiento; falta de áreas exclusivas para alojar a mujeres; internos con funciones de autoridad, cobros y privilegios; falta de privacidad en las entrevistas entre los detenidos y sus defensores, así como de las comunicaciones telefónicas, además de que la certificación médica de los detenidos se realiza en presencia de personal de seguridad.