oy por hoy, uno de los grandes problemas que tiene que resolver la sociedad mexicana es el de la seguridad, la prevención de los delitos, la persecución de los mismos y el castigo a quienes los cometen; sin duda, un asunto complejo que el tiempo, en lugar de resolver, ha ramificado y multiplicado.
A pesar de que se ha señalado desde hace mucho tiempo que el enfoque empleado para afrontar el tema de la seguridad ha estado equivocado, autoridades van y autoridades vienen y nadie corrige la distorsión. La delincuencia se combate cuando ya se han cometido los delitos y se olvida que éstos son un fenómeno social que, como todos, tiene causas, raíces, factores que facilitan su presencia social y toda esta serie de datos previos al delito mismo simplemente se ignora.
Hace varios años, durante al menos cinco gobiernos sexenales, los titulares del Poder Ejecutivo y sus dóciles seguidores del Legislativo han tratado de resolver el asunto de la seguridad a partir de aumentos absurdos de los años de cárcel, ya vamos en 150, que por supuesto nadie vivirá; también tienen la creencia de que policías más armados son más eficaces y los dotan de cascos, escudos impresionantes, carros blindados, helicópteros artillados, rifles de repetición y otras armas sumamente letales, con las que consiguen tan sólo más muertes de delincuentes y más bajas laterales y nada de disminución de la violencia que va en aumento, ni de la delincuencia que crece, se organiza mejor y se arma más.
Es un círculo vicioso; más años de cárcel dan lugar a más resistencia de los delincuentes; necesitan y buscan mejores abogados y evaden en cuanto pueden el brazo de la justicia. Si las fuerzas del orden (es un decir) están mejor pertrechadas, los delincuentes se esmeran en superarlas.
La carrera entre delincuentes y fuerzas del Estado se vuelve interminable; la escala de ambos bandos es más letal para los ciudadanos pacíficos, que se encuentran en medio de los choques armados o que frecuentemente son confundidos con delincuentes, sufren detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procesos infundados. Evidentemente ese no ha sido un camino prudente.
La modificación al artículo 21 constitucional en 2008 constituye un momento típico de este errado derrotero de nuestras autoridades; ya para entonces se había creado la Policía Federal Preventiva y empezaban a usarse elementos del Ejército y de la Marina Armada para perseguir delincuentes y tratar de imponer el orden en zonas inseguras. La reforma fue en realidad una distorsión, quedó borrada con ella la diferencia entre policías preventivas y policías investigadoras; la reforma de entonces, sin más, puso a los policías a la par con los agentes del Ministerio Público –a ambos corresponde investigar delitos–; esto se hizo sin considerar que muchos de los cuerpos policiacos se nutrían de batallones del Ejército, personal capacitado para el combate y extinción del enemigo y no para la vigilancia y la seguridad.
Otra distorsión ha sido en el orden de la administración de justicia de carácter penal; instaurar tres niveles de jueces para una misma causa; un juez instructor hace parte del trabajo que antes correspondía al Ministerio Público, recaba pruebas; otro dicta la sentencia atendiendo a las pruebas que aportaron las partes, acusadora y la defensa, y otro más se ocupa de la implementación de la pena.
Los procesos se convirtieron en más complejos y deshumanizados. Los juicios orales están ya funcionando en varias partes del país y su inmediatez y transparencia no han sido factores que produzcan más certeza jurídica ni mayor imparcialidad; por el contrario: la complejidad abre la puerta a la injusticia y a la arbitrariedad.
Es necesario atender, al mismo tiempo que se persiguen delitos, el ataque a sus causas. ¿Cuáles son estas causas? Es muy sencillo: quienes se tornan enemigos de la sociedad son sus integrantes que no encuentran en la misma comunidad respuestas a sus necesidades más apremiantes. No se trata de matar mosquitos a periodicazos cuando hay una plaga; se necesita secar el pantano de donde provienen y sanear el entorno.
La delincuencia surge en ambientes en que se carece de educación, hay marginación, desempleo e injusticia. Combatir el delito pasa necesariamente por una educación generalizada, integral y oportuna; se incorporan a las filas de los cárteles y otras bandas de delincuentes, principalmente personas que han carecido de una preparación escolar que los incorpore responsablemente a la vida de la comunidad. Los que no tienen trabajo y viven marginados en la pobreza son también propensos a ser reclutados por la delincuencia.
Para caminar hacia una sociedad segura y justa, será necesario abrir más escuelas, dotar a las existentes de lo que requieren para los estudiantes, combatir la desigualdad social y sólo en último término aumentar armas, cárceles y años de prisión.
