En poco más de dos meses, la Secretaría de Educación Pública (SEP) debió modificar y enriquecer el nuevo modelo educativo y su propuesta curricular obligatoria para formación básica y media superior, a fin de atender los cuestionamientos sobre su viabilidad, aplicación en un horizonte temporal muy reducido antes de que concluya el sexenio, vacíos en sus planteamientos pedagógicos y curriculares, y fallas en los esquemas de evaluación, entre otros ejes estratégicos.

En los próximos días, como anunció el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se prevé dar a conocer los documentos definitivos del nuevo modelo formativo, que deberá aplicarse en las aulas a más de 30 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en todo el país, como parte de la reforma educativa.

Sin embargo, los resultados de la consulta nacional sobre la propuesta planteada por la SEP –que generó cerca de 300 mil comentarios, recopilados y analizados por el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (Pipe) del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, dados a conocer en diciembre pasado– revelan que si bien hubo aceptación y valoración positiva del nuevo planteamiento educativo, también generó una opinión mayoritaria de que no es un proyecto realista ni toma en consideración las limitaciones y contextos diversos que enfrentan muchas escuelas.

Entre las peticiones más frecuentes a la SEP se incluye presentar una mejor articulación de sus finalidades, incorporar referencias teóricas que le den sustento a los planteamientos, presentar diagnósticos sobre la implementación de reformas educativas anteriores, aclarar diversos puntos de la propuesta curricular, sus mecanismos de implementación y evaluación, en particular sobre los conocimientos socioemocionales que se propone incorporar como parte de la currícula nacional.

Además, se solicita a las autoridades educativas federales que no sólo se presente el nuevo planteamiento educativo, sino un plan de ruta que especifique objetivos y fechas para concretarlos, así como que desde su diseño se dé cuenta de los ajustes institucionales previstos en las estructuras, tanto a escala nacional como estatal, para la coordinación y distribución de responsabilidades entre los distintos actores y niveles de gobierno.

Entre quienes participaron, incluidos padres de familia, directivos y docentes, aunque el número de participantes no se especificó, también destaca el interés por que la SEP cumpla con una normalidad mínima, a fin de que se cuente con las condiciones indispensables para el buen funcionamiento de las escuelas.