a Federación captura el grueso de los impuestos en México (96 por ciento) y después regresa a los estados parte de esos recursos mediante las participaciones y aportaciones. Aun así, la Federación gasta 60 por ciento del presupuesto. Este esquema ya no está funcionando bien, y no sólo en las fórmulas de distribución de las aportaciones a las entidades federativas en la Ley de Coordinación Fiscal, sino por las últimas medidas que recentralizan el control de los fondos: una completa contrarreforma de los avances federalistas de los años 90.

El gobierno del estado anuncia que el recurso del impuesto ecológico es para gastos de nómina educativa, y precisamente en ese rubro se ponen de manifiesto las desventajas para la entidad: en 2015 se le aprobaron a Zacatecas 6 mil 477 millones de pesos del fondo de aportaciones para la nómina educativa, pero se modificó la cifra y se ejercieron 6 mil 165 millones. La rebaja se debe a la nueva forma de administración recentralizada o desfederalizada, con la cual se eliminan las posibilidades de hacer sinergias entre los sistemas estatalizado y federalizado de educación.

Como si fuera poco, queda híper centralizado todo intento de regular sobre minería por el gobierno federal, de manera que las grandes empresas se arreglan con una persona, el Presidente de la República. Lo justo ahora es rediscutir todo el esquema hacendario en México y modificar el Pacto de Coordinación Fiscal con todo y sus algoritmos de distribución y reparto, junto con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: la manera de construir la Ley de Ingresos en la administración federal y en las estatales.

Modificar el esquema mega-centralista de la hacienda pública tendría impacto en la forma de construir política pública desde los estados. México, hoy mismo, no es una República federal, sino totalmente centralista. Hoy se despierta la conciencia de la necesidad de hacer efectivo el federalismo contra el asfixiante y paradójico centralismo federal.