Mientras la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados sesionará hoy para desechar 90 solicitudes de juicio político, la sección instructora confirmó que el dictamen donde se determinará el desafuero del diputado Tarek Abdalá (PRI), ex tesorero en el gobierno de Javier Duarte y acusado del presunto desvío de 23 mil 150 millones de pesos, se presentará en la primera semana de abril.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), reconoció que desde su integración, en abril del año pasado, la subcomisión, que tiene 361 solicitudes de juicio político, sólo se ha reunido dos veces: una para instalarse y en la otra únicamente se entregó la lista de expedientes.

–¿Dos en un año? –se le insistió.

–Sí –dijo.

Sin embargo, la legisladora afirmó que no es la única responsable de no haber convocado a trabajar a esa instancia, encargada de determinar si ha lugar o no a proceder contra funcionarios públicos, y señaló a uno de sus compañeros de bancada.

No soy la que cito. Es también el diputado Álvaro Ibarra (PRI, presidente de la Comisión de Justicia). Creo que también tendrían que preguntarle por qué él no convocó a la subcomisión, dijo en una entrevista ayer.

Consultado al respecto, Ibarra argumentó que no respondería porque el PRI acordó que Guillén Vicente sería la vocera para este caso. No obstante, cuando se le preguntó a ella, aseguró: eso no es cierto.

El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, atribuyó la multa y el apercibimiento a la Cámara de Diputados a que en el Poder Judicial no se conoce el proceso parlamentario.

“Los jueces y magistrados, con bastante desconocimiento, imponen esas multas porque no juzgan el fondo, sino la forma: están atrasados: ‘no ha habido respuesta, les impongo una multa’. Yo creo que no, pero qué bueno que la aceptamos, porque recurrirla habría dejado a la Cámara como si tuviera temor de hacer que se cumpla la ley. Y no es así”, afirmó.

Mientras, el presidente de la sección instructora, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), expuso que la información sobre las cuentas de Abdalá no influirá en la decisión que tomará esa instancia.

En entrevista, informó que ha concluido el periodo de ofrecimiento de pruebas a que tenía derecho la fiscalía de Veracruz, que interpuso la solicitud, y el propio Abdalá. Ambas partes, dijo, sólo ofrecieron pruebas documentales.