Al iniciar ayer la discusión sobre la denominada ley Atenco, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron en contra del proyecto de dictamen en la parte que desecha la acción de inconstitucionalidad presentada por los diputados del Congreso del estado de México y que validaba únicamente las demandas presentadas por las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar sostuvieron que los legisladores sí son competentes para presentar su recurso en el que cuestionan si la Ley sobre el Uso de la Fuerza en el Estado de México en su totalidad es constitucional, aun cuando no sean minoría en el Congreso, y, en dado caso, reúnan los votos suficientes para modificar los artículos que, consideran, contradicen la Carta Magna.

Precisaron que no se trata de una consulta ni tampoco de un control previo de la norma impugnada, por lo que el pleno estaría en condiciones de anular disposiciones que considere inconstitucionales, si se alcanzan los ocho votos necesarios para ello.

El ministro Zaldívar subrayó su oposición al proyecto presentado por Alberto Pérez Dayán –que declara la improcedencia de la demanda de los diputados–, al considerar que la Constitución no establece un máximo de legisladores facultados para presentar una demanda de este tipo, sólo señala un mínimo de 33 por ciento de los integrantes de una legislatura, dijo.

Zaldívar advirtió que la Suprema Corte no está facultada para imponer requisitos de procedencia adicionales a los que señala la Carta Magna.

Fuentes judiciales comentaron que la decisión que adopten los ministros sobre este tema será fundamental para futuros asuntos, porque se abre la posibilidad de que una mayoría de legisladores, como es el caso, presenten ante la Corte asuntos similares (la ley establece que las minorías deben sumar cuando menos 33 por ciento del Congreso para interponer una acción de inconstitucionalidad), lo que abriría la puerta a que otras legislaturas sigan esa vía cuando tengan dudas sobre la constitucionalidad de una norma, evitando así futuras acciones legales contra éstas.

Una consulta

Además, de facto, la SCJN realizaría una consulta que actualmente no prevé la ley.

El proyecto de dictamen admite únicamente las acciones de inconstitucionalidad de las comisiones de derechos humanos referidas –que impugnan algunos artículos, mientras los diputados demandan la revisión de toda la ley–, y valida prácticamente el uso de la fuerza no letal y letal en manifestaciones, siempre y cuando sean utilizadas como último recurso y luego de hacer una advertencia a los manifestantes sobre el uso de armas.

La discusión de este asunto continuará el jueves.