La Junta de Coordinación Política del Senado circuló ayer un documento en el cual propone que el gobierno federal publique un decreto legislativo que norme las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Entre los 14 puntos que plantea, se destaca: ‘‘Oponerse firmemente a la construcción del muro fronterizo, buscar el respaldo internacional con países aliados y organismos externos, y emprender acciones legales en respuesta a cualquier intento de gravar, decomisar, bloquear o interferir el libre flujo de remesas y transferencias financieras legales’’.

La propuesta fue circulada entre los coordinadores parlamentarios del Senado, y en ella se subraya que esa cámara sea considerada en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). También se deberá asumir que la seguridad de la región requiere replantearse para que sólo bajo la premisa de la cooperación institucionalizada se enfrenten los desafíos comunes; en consecuencia, cualquier acción que pretenda apartarse de ese supuesto exigirá evaluar los mecanismos vigentes en la materia.

En este decreto –que negocian el Ejecutivo y el Senado– se indica que ante las políticas públicas que buscan replantear las bases sobre las que se sostiene la relación entre ambos países, existe una preocupación generalizada sobre los efectos de la implementación de esas políticas, así como la constante retórica hostil que las acompaña.

Refiere que las primeras acciones ejecutivas en materia migratoria y de seguridad fronteriza suscritas por el presidente Donald Trump en enero pasado, se promueven barreras físicas en la frontera común y expandir las capacidades y facultades de autoridades de diversos niveles de gobierno para multiplicar las acciones de detención y de deportación de migrantes no autorizados, mismas que han favorecido ‘‘una amplia discrecionalidad, abuso y hostilidad tanto en territorio estadunidense como en puntos de entrada en contra de connacionales.

Refiere que a partir del retiro formal de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico y de reiterar declaraciones del gobernante estadunidense de renegociar o incluso renunciar al TLCAN, existe una incertidumbre que ha deteriorado el clima de negocios.

Se subraya que se debe vigilar la estrategia del Estado mexicano en las labores de protección consular y asistencia jurídica, exigir el cumplimiento estricto de las disposiciones de los acuerdos locales de repatriación y cualquier instrumento bilateral en la materia, así como los horarios convenidos para la repatriación y puntos de internación.