n las últimas horas de su estancia en Los Pinos, la tarde del 30 de noviembre de 2012, mientras la atención pública se concentraba en la inminente toma de protesta de Enrique Peña Nieto como nuevo ocupante del poder sexenal, Felipe Calderón Hinojosa se regaló una reforma al reglamento del Estado Mayor Presidencial para asignarse de por vida 427 elementos a su cargo por concepto de seguridad, los cuales significaban en 2013 una erogación de 4 millones 799 mil 999 pesos al mes, más la pensión también vitalicia del propio panista michoacano, de 205 mil 122 pesos mensuales, equivalente, esta suma de la pensión, a 2 mil 677 salarios mínimos mensuales de ese 2013. En total, sólo por estos rubros, pensión y salarios de seguridad personal y familiar extendida, Calderón Hinojosa ha significado durante más de cuatro años la erogación de 5 millones 5 mil 121 pesos al mes.

Lo anterior, conforme a datos y análisis aportados por los investigadores Ernesto Villanueva e Hilda Nucci González (integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) y publicados en la tesis Pensiones ex presidenciales (https://goo.gl/k6hFCz ) y posteriormente en un libro. En el mismo contexto, la diputada Verónica Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, ha asegurado en Twitter que los asesores de Calderón, pagados por el erario, significan una erogación mensual de 810 mil pesos.

“Las reformas que realizó Calderón –explicaron los investigadores Villanueva y Nucci– consistieron en lo siguiente: primero, los ex presidentes, excepto él, conservaron la pensión y apoyos con los que ya contaban; segundo, el ex mandatario dejó abierto el número de elementos asignados para él y su familia, lo que genera un costo difícil de evaluar en un momento determinado; finalmente, además de tener los gastos médicos mayores, se garantizó atención médica en el Hospital Central Militar”. Es decir, en general, los ex presidentes de México se han asignado pensiones vitalicias de manera absolutamente ilegal, pero también apoyos en distintos rubros o materias como pago de predial, luz, agua, teléfono, viajes, oficinas, entre otros. También el acuerdo 2763 bis dispone de un seguro de gastos médicos mayores para sí mismos, para sus familiares y para sus viudas.

Las pensiones presidenciales y el cúmulo de apoyos que reciben esos ex funcionarios son, ha de insistirse, absolutamente ilegales, fundados en presuntos acuerdos presidenciales que ni siquiera fueron firmados por los propios titulares de la Presidencia de la República que los emitieron ni fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Esos falsos acuerdos presidenciales son el 7637, del 25 de noviembre de 1976, en los días finales del desquiciado periodo de Luis Echeverría Álvarez (quien sigue recibiendo los beneficios que él mismo se adjudicó) y el 2763 bis, de 1987, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Además, el presunto sustento jurídico de esos beneficios a ex presidentes está en el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, adecuado en 2004 por Vicente Fox Quesada, quien también cobra pensión mensual y tiene equipo de seguridad y de apoyo personal a su servicio. Y, desde luego, en los presupuestos de egresos de la Federación, que año con año son aprobados por las bancadas legislativas mayoritarias, como una rutina aceptada.

En el caso de Calderón Hinojosa, el agandalle fue monumental: tampoco hay un estudio o análisis que establezca el número de elementos para el ex presidente (agregan los investigadores citados). ¿Por qué 427? ¿Por qué no 424 o 15? ¿Cuál es la lógica o es simplemente ocurrencia? Además, Felipe Calderón rompió el principio jurídico sobre lo que dispone la Ley de Seguridad Social cuando habla de familia nuclear, es decir, la esposa y los hijos. Porque para el ex mandatario su familia no tan sólo son su esposa e hijos, sino también sus padres, abuelos, hermanos, cuñados y sobrinos, y dado que su familia es muy amplia, en el Reglamento dejó abierto el número de elementos requeridos, lo cual es grave.

Con toda esa carga de abuso extremo, Calderón Hinojosa anunció ayer que dona su pensión mensual a una organización de ayuda a niños con cáncer, denominada Aquí Nadie se Rinde. De entrada, es una maniobra de propaganda personal y conyugal, pretendiendo saludar con sombrero ajeno, pues su pensión, como las demás de ese tipo ex presidencial, carece de sustento jurídico y, si le animara un auténtico sentido de justicia, debería renunciar a ella y al resto de exageradas prestaciones que personalmente se otorgó en las últimas horas de su funerario mandato.

Pero, además, Calderón pretende quitarle a su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, el lastre inocultable que significa el haber vivido durante cuatro años del dinero público, a título de pensión para el marido Felipe. La precandidata Zavala ha vivido seis años del dinero público, como cónyuge de Calderón en Los Pinos, y cuatro años a cuenta de la ilegal pensión.

La generosidad propagandística de Calderón pone sobre la mesa el tema de las mencionadas pensiones ex presidenciales. Hay una cultivada opacidad respecto del costo real de las ayudas y prestaciones que se agregan a esas pensiones y una creciente exigencia de que, conforme a la difícil circunstancia nacional, sean ajustadas e incluso retiradas. Comparadas con lo que se otorga a ex mandatarios de la mayoría de países del mundo, las mexicanas son vitalicias, faraónicas, desproporcionadas. En el caso de Calderón, incluso le permiten que su esposa haga campaña protegida y ayudada por personal militar, con plazas laborales a disposición discrecional de su esposo. Es decir, donar sólo la pensión es mera treta distractora de lo sustancial, el aparato de apoyo, militar y civil, al que, para ser congruentes, también deberían renunciar los Calderón-Zavala (autodenominados los Obama) y su amplia familia extendida. ¡Hasta mañana!

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