Diversos centros de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale la ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de México, pues representaría una carta abierta a violaciones a derechos humanos por parte cuerpos policiacos en esa entidad.

Señalaron que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Eruviel –cuya discusión se inicia este lunes en el pleno de la Suprema Corte–, ‘‘requiere de una discusión seria y profunda’’, en razón del impacto que tendrá sobre los derechos humanos, a la vida, integridad y libertad personal, así como a la vigencia de las libertades democráticas en México.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones de la sociedad civil alertaron que, de aprobarse, ‘‘la propuesta sentaría un precedente pernicioso al avalar disposiciones ambiguas y arbitrarias respecto del uso de la fuerza’’. Pidieron a los ministros que en su decisión tomen en cuenta el contexto social e histórico del país, que demanda una ‘‘limitación estricta del uso de la fuerza’’, principalmente en relación con manifestaciones públicas y a las recomendaciones internacionales extendidas al Estado mexicano, que sugieren que frente al uso de la fuerza las normas deben ser claras y limitativas, a fin de no dar lugar a interpretaciones arbitrarias.

‘‘En México, el abuso en el uso de la fuerza es una práctica sistemática por parte de los cuerpos de policía. Durante la pasada década se han revelado casos de violaciones graves a derechos humanos derivadas del uso arbitrario e indiscriminado de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, lo que pone en evidencia la importancia de establecer límites y controles adecuados para su uso’’, señala el pronunciamiento.

Asimismo, advierte que si bien el proyecto de sentencia retoma estándares internacionales –sobre el uso de la fuerza como último recurso, limitación de armas de fuego u obligación de facilitación de las manifestaciones–, persisten aspectos preocupantes de dicha ley que de no ser debidamente acotados pueden traducirse en una carta abierta a violaciones a derechos humanos por parte cuerpos policiacos en el estado de México.

El pronunciamiento está suscrito por una veintena de organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, formado, entre otros, por los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP y Miguel Agustín Pro Juárez, además de Fundar Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Red TDT.