Ensenada,BC.

Antes de otorgarle permiso para reconvertir la regasificadora de Ensenada en una planta de licuefacción, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea) deberá exigir a la empresa Sempra Energy un estudio que considere el impacto en la vida y en la salud de las personas que viven en las inmediaciones, en caso de una explosión o accidente en el complejo, coincidieron académicos y vecinos durante una audiencia pública convocada por la Semarnat.

Gustavo Alanís presentó, a nombre del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un recuento de las omisiones en el estudio ambiental que Energía Costa Azul (ECA) –filial mexicana de Sempra que controla la planta– puso a consideración de las autoridades para recibir la autorización de reconversión. La audiencia de este fin de semana es también un requisito legal que permite a los ciudadanos afectados expresar preocupaciones por proyectos de ese tipo.

La Asea, dependiente de la Semarnat, se encarga de revisar casos ligados a hidrocarburos. En la audiencia para que la empresa expusiera su proyecto y quienes se sienten afectados dijeran sus preocupaciones predominó el señalamiento de académicos, ambientalistas y vecinos de que no hay un plan de contingencia para los habitantes en caso de accidente.

ECA busca traer gas natural de Estados Unidos, convertirlo en líquido y embarcarlo para su venta a mercados asiáticos, como Japón. En 2005 hubo debate y oposición a instalar la planta, inaugurada en 2008 y diseñada originalmente para hacer el proceso inverso.

Asentados en la costa de Ensenada, los dos tanques de almacenamiento y el muelle de carga y descarga son hoy parte del paisaje de la comunidad Bajamar. Por ello varios residentes de un complejo que cuenta con campo de golf estuvieron en la reunión pública; exigieron información y reclamaron que apenas el pasado 20 de enero se hubiera convocado a la reunión, sin dar tiempo suficiente a los interesados para consultar el estudio ambiental, de más de mil páginas.

Roberto Jesús Valdés, de Bajamar, explicó que por ley la evaluación de los proyectos debe hacerse con la autoridad y la comunidad, pero ECA no cumplió esa parte de la NOM-013-SECRE-2012. ¿Quién responde por la pérdida de valor de los terrenos?, ¿quién será responsable si se destruyen bienes o ante pérdidas humanas?, preguntó.

Esta inquietud provocó el único incidente de la sesión, cuando Mario García, representante del desarrollador de Bajamar, pidió la palabra y la moderadora de Asea se la negó. Los asistentes reclamaron a gritos y García recibió el micrófono. Narró que se detuvo el desarrollo habitacional con la llegada de la planta, y Sempra se resiste a tomarlos en cuenta para planear estrategias de seguridad.