La ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de tortura está congelada en la Cámara de Diputados, pese al compromiso del Congreso con organizaciones sociales, colectivos de víctimas e instancias internacionales, como la ONU, de aprobar ese ordenamiento a la brevedad.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, dijo que no ha habido voluntad política en San Lázaro de discutir la minuta que se les remitió hace casi un año y, en cambio, hay prisa por aprobar a ley de seguridad interior, que legalizará la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.

La perredista recordó que en 2015, los senadores de las comisiones que dictaminaron la ley contra la tortura se reunieron con el relator especial de la ONU para la Tortura y otros Tratos Crueles y Degradantes, Juan Méndez, quien les recomendó garantizar que la legislación en la materia fuera eficaz y eliminar cualquier resquicio para la impunidad.

Agregó que el Senado hizo su tarea, aprobó la ley en abril de 2016, pero en la Cámara de Diputados se ha empantanado, ya que pretenden hacerle una serie de cambios que le quitan toda efectividad.

Dentro de unos días, México estará nuevamente bajo el escrutinio internacional en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde el relator Méndez presentará su informe y ratificará que a dos años de su visita nada ha cambiado, que la tortura continúa siendo práctica generalizada, emitirá las recomendaciones de ocasiones anteriores y que el gobierno mexicano ha incumplido.

Práctica generalizada

De la Peña agregó que quienes se niegan a aceptar que la tortura para obtener confesiones es una práctica generalizada en México simplemente pretenden tapar el sol con un dedo, pero más preocupante aún es que colocan en grave riesgo al nuevo sistema de justicia penal al solaparla implícitamente.

De acuerdo con un documento elaborado por las comisiones dictaminadoras, los diputados pretenden hacer 11 cambios a la minuta. Al artículo 16, para eliminar la posibilidad de suspender temporalmente al servidor público investigado o vinculado al delito.

Pretenden eliminar igualmente la obligación de todo servidor público de dar vista al Ministerio Público cuando se adviertan afectaciones en la persona detenida o en privación de la libertad, que pudieran ser producto de tortura.