n fenómeno político: el ascenso de AMLO, el PRI se ha derrumbado y el PAN se debilita. No sólo es el resultado unánime de las encuestas, sino el éxito en la gira para promover un compromiso abierto en favor del cambio. Los partidarios de AMLO podemos tener un cauto optimismo, pero también debemos estar alertas. Morena es un partido joven y no le será fácil construir una estructura de promoción y defensa del voto en las más de 145 mil casillas de todo el país. Recordemos que en las elecciones en las que ha participado AMLO, nunca se ha logrado abarcar más de 70 por ciento.

Pero los verdaderos obstáculos son las propias instituciones. El INE tiene un Consejo General debilitado por la desconfianza ciudadana, toda su estructura interna es herencia del PRI y de Elba Es­ther y ellos son los que pueden coadyuvar o encubrir las maniobras fraudulentas. Mucho peor está el Tribunal Electoral, cuyas sentencias son definitivas e inatacables. La última designación de magistrados se hizo por el sistema vicioso de distribución de cuotas de PRI, PAN y PRD. Los senadores han garantizado los intereses de sus partidos más allá del interés de la democracia. Hay que recordar que en 2006 el TEPJF declaró válidas las elecciones y se negó a ordenar un recuento total de votos a pesar de las múltiples irregularidades probadas. En 2015 rechazó el retiro del PVEM a pesar de su conducta ilegal y sus abusos en campaña.

Es evidente cómo los dos partidos conservadores y una fracción del PRD levantan muros contra AMLO, como quien se prepara para resistir a un huracán. Las campañas de desprestigio, la alianza del PRIAN y los miles de millones gastados para favorecer a esos partidos son innecesarios si los árbitros y los jueces son parciales.

Edgardo Buscaglia ha señalado que un cambio profundo en México requiere de una reforma al sistema electoral. Este punto ha sido soslayado por casi todos los operadores. La sociedad civil debe presionar para que cambien estas estructuras. Se deben reforzar los mecanismos de vigilancia, sustituir a los funcionarios con antecedentes partidarios y remplazar a los actuales magistrados nombrados por dedazo de los partidos. Estas reformas merecerían el apoyo internacional. Sólo así pudiéramos garantizar un proceso electoral impecable y fluido que, a su vez, permita que el cambio de poderes sea legal y pacífico, como todos deseamos.

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