En el primer diferendo entre la nueva titular secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y las organizaciones ciudadanas que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto, éstas descalificaron la decisión de la secretaria de designar a 42 titulares de órganos de control interno de dependencias federales en contravención a un procedimiento de consulta técnica que se había incluido en las acciones de gobierno abierto.

A través de una carta enviada a Gómez, le expresaron su sorpresa y preocupación por el incumplimiento del compromiso para el combate a la corrupción del Tercer Plan de Acción 2016-2018 y por la vinculación directa de la Secretaría de la Función Pública en este incumplimiento.

A seis meses del acuerdo, la designación de los 42 funcionarios pone en riesgo la adecuada implementación del Tercer Plan de Acción, pues esa decisión contraviene los acuerdos, ya que se realizó a puerta cerrada, sin aviso previo y que representan 20 por ciento del total de responsables de control interno del gobierno federal.

En la misiva le recuerdan que en septiembre de 2016 (unos días antes de que fuera designada titular de la SFP), a través de un proceso participativo y transparente, en el que se integraron representantes del gobierno, se acordaron los objetivos rumbo a 2018 en materia de combate a la corrupción. Se incluían mecanismos de participación ciudadana sustantiva en los procesos de designación que indica el Sistema Nacional Anticorrupción.