A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que para el próximo ciclo escolar 2017-2018, que comienza en agosto, ampliará la cobertura del Programa Nacional de Convivencia Escolar a 70 mil planteles de prescolar, primaria y secundaria del país, como parte de su nuevo plan de acción de prevención social de la violencia, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 asigna 260 millones de pesos para esta función, recursos con los que ya atiende a 20 mil escuelas como parte de la citada estrategia.

La dependencia federal también contará con fondos limitados para asumir un posible incremento en la demanda de certificación de competencias profesionales y laborales, así como para la revalidación y equivalencia de estudios, de aprobarse la iniciativa preferente en la materia propuesta por el Ejecutivo federal para modificar la Ley General de Educación, a fin de agilizar el ingreso de connacionales que hayan estudiado en el extranjero al sistema educativo nacional.

En el PEF 2017 se asigna un monto de 56.7 millones de pesos a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (Dgair) de la SEP, cuyas funciones incluyen el diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas aplicables en materia de control escolar, lo que incluye inscripción, reinscripción, regularización, acreditación y certificación para todas las instituciones.

Además debe regular la incorporación –autorización o reconocimiento de validez oficial– revalidación, equivalencia de estudios, otorgamiento de becas, inspección y vigilancia de los servicios educativos que prestan los particulares del tipo superior, así como establecer y operar la acreditación de conocimientos adquiridos de forma autodidacta, mediante la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo.

En cuanto a la certificación de competencias laborales, el Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral, denominado Conocer, cuenta con recursos para 2017 por 81.8 millones de pesos, y tiene entre sus atribuciones impulsar y regular los procesos de normalización y certificación de competencias laborales, así como promover la formación por competencias.