Bogotá.

La Fiscalía colombiana anunció este jueves el congelamiento de bienes valuados en 98.2 millones de dólares, pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmó un acuerdo de paz con el gobierno el pasado noviembre.

Hemos congelado con fines de extinción de dominio bienes por un valor cercano a 282 mil millones de pesos (98.2 millones de dólares) en predios de influencia de las disidencias y ex combatientes de las FARC, indicó el fiscal Néstor Humberto Martínez en rueda de prensa.

Aseguró que esto es producto de un trabajo conjunto con el ejército, la policía y autoridades administrativas que duró varios meses y que ha logrado identificar igualmente bienes producto de actividades ilícitas como narcotráfico, desarrolladas por algunos guerrilleros disidentes de frentes como el 7, 10, 40 y el Acacio Medina.

Las operaciones se realizaron en cuatro departamentos, entre ellos Vichada, en la zona este del país, donde se identificaron seis inmuebles y cuatro sociedades valuadas en 6 mil millones de pesos (unos 2 millones de dólares), las cuales se dedicaban a la minería ilegal.

En tanto, en Arauca, zona este, se encontraron mil.473 hectáreas valuadas en 5 mil millones de pesos (1.7 millones de dólares).

Martínez indicó que en el sur del departamento de Bolívar se identificaron 260 mil hectáreas de predios rurales que fueron aprovechados históricamente por el frente 24 (de las FARC) para la explotación de cultivos ilícitos, tierras que tienen un valor de cerca de 260 mil millones de pesos (90 millones de dólares). Además, en el centro del país, en el departamento del Meta, las autoridades encontraron 11 predios por un valor aproximado de 4 mil millones de pesos (1.4 millones de dólares), en los municipios de La Uribe y Mesetas, zonas cercanas a donde se concentra las FARC para iniciar su proceso de desarme y regreso a la vida civil.

El fiscal apuntó que el artículo 41 de la ley de amnistía, aprobada en diciembre por el Congreso para rebeldes señalados únicamente de delitos políticos y que forma parte de la implementación del acuerdo de paz, dice que las autoridades pueden realizar acciones contra los bienes ilícitos de los ex combatientes y disidentes de las FARC.