En la revisión de la cuenta pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) realizó triangulaciones financieras con universidades públicas para evitar licitaciones y transferir recursos a empresas subcontratadas que fueron beneficiarias de 455.1 millones de pesos.

La simulación de convenios a empresas de giro ajeno al objetivo pactado motivó presunto daño patrimonial y que se diera vista al Servicio de Administración Tributaria.

Fue el tercer año en que la Sedesol –bajo la gestión de Rosario Robles– operó con las prácticas que la ASF define: se simulan contratos y convenios (con universidades públicas) para eludir licitación pública, lo que provoca desvío de recursos del erario, además de que se realizan con empresas que no cuentan con capacidad técnica y humana para proporcionar los servicios pactados. En conjunto, por esta vía Sedesol trasladó irregularmente a empresas mil 543.2 millones de pesos acreditados por la ASF en las cuentas 2013, 2014 y 2015.

En la última cuenta pública revisada se trató de un convenio de 319.1 millones de pesos con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y de 136 millones con la Universidad Tecnológica del Sur del estado de México (UTSEM). Sin embargo, en realidad los recursos se trasladaron a las empresa Integrasoft SA y Grupo Corporativo Integral Vazme, que a su vez los dispersaron con otras firmas, las que operaron 100 por ciento y 98 por ciento de los recursos que convino Sedesol con las universidades, evadiendo toda licitación.

En el caso de la UTN, la Auditoría resume: no cumplió con disposiciones legales y normativas; contrató 100 por ciento de los servicios por 312.7 millones de pesos (...) con dos proveedores, que tampoco llevaron a cabo los trabajos solicitados por la universidad, toda vez que se constató que también transfirieron los recursos recibidos de la universidad a tres personas físicas y a 10 morales, sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados.

El aval dado por la Sedesol a la subcontratación fue de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales. El objetivo del convenio era verificar la existencia de obras financiadas por el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y coadyuvar con la Cruzada Nacional contra el Hambre y la política social de nueva generación.

El eje de esta operación fue el Grupo Corporativo Integral Vazme, al que se le transfirieron 257.6 millones de pesos y que los dispersó a una empresa y 3 personas físicas. La ASF comprobó que dicho grupo tiene otras actividades al propósito del convenio, que consisten en servicios profesionales, científicos y comercio al por mayor de materiales de construcción.

En el caso de la UTSEM, señala que no sólo se trata de incumplimiento de la norma, sino que los subcontratos se realizan con empresas que carecen de capacidad técnica y humana para realizarlos. Con objetivos similares al convenio de la UTN, en este caso se trasladó el contrato a Integrasoft SA, expresamente a instancias de la unidad de planeación y relaciones internacionales de Sedesol.

Al revisar las facturas de la empresa, se presume simulación de operaciones bancarias, por lo que se trasladó al SAT.